El PSOE ha presentado una solicitud a la Mesa del Congreso para suspender el pleno programado para el 9 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Comunidad Valenciana. Esta petición, firmada por el portavoz socialista Patxi López, busca facilitar la participación de los diputados en las celebraciones de dicha festividad. Esta acción sigue la línea de lo ocurrido el pasado 11 de septiembre, cuando por primera vez se interrumpió una sesión plenaria en honor a la Diada de Cataluña. La decisión del PSOE ha generado reacciones diversas, interpretándose por parte de la oposición como un gesto hacia el independentismo.
La suspensión de plenos por festividades autonómicas no es un hecho común en la historia reciente del Congreso. Hasta ahora, solo se había interrumpido la actividad parlamentaria por motivos de fuerza mayor, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el precedente establecido por la Diada ha abierto la puerta a que otras festividades puedan también provocar la paralización de la actividad legislativa. En este contexto, el 17 de septiembre, durante el Día de Melilla, se celebraron plenos tanto en el Congreso como en el Senado, lo que ha suscitado preguntas sobre la coherencia de los criterios aplicados.
La propuesta del PSOE se formalizó en un escrito fechado el 18 de septiembre, en el que se argumenta la necesidad de modificar el calendario para excluir el 9 de octubre, un día que tradicionalmente se reserva para debates importantes, como la convalidación de decretos-ley y enmiendas de totalidad. Este tipo de sesiones son cruciales, ya que concentran votaciones de gran relevancia política. En años anteriores, el 9 de octubre se celebró con normalidad, incluyendo la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, lo que hace que la solicitud actual sea aún más notable.
La decisión de suspender el pleno ha generado críticas, especialmente por parte de la oposición, que ve en esta medida un desdén hacia el Parlamento y una dependencia del separatismo. La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha señalado que es contradictorio que el Gobierno busque reducir la jornada laboral mientras se celebran plenos maratonianos de más de 13 horas. Esta situación ha llevado a la preocupación de que la suspensión de plenos por festividades autonómicas pueda convertirse en una práctica habitual, afectando la agenda legislativa del Congreso.
En el contexto de la política española, la relación entre el Gobierno y las comunidades autónomas es un tema delicado. La posibilidad de que otras comunidades autónomas sigan el ejemplo de Cataluña y pidan la suspensión de plenos en sus festividades podría tener un impacto significativo en la actividad legislativa. En 2026, seis comunidades autónomas celebrarán sus días coincidiendo con plenos previstos, lo que podría llevar a una reducción considerable de la actividad parlamentaria si se aplica el mismo criterio que se ha utilizado con la Diada.
La situación actual refleja un momento crítico en la política española, donde las decisiones del Gobierno son constantemente evaluadas y criticadas por la oposición. La solicitud del PSOE para suspender el pleno del 9 de octubre es un claro ejemplo de cómo las festividades autonómicas pueden influir en la dinámica del Congreso y en la relación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. A medida que se acercan las elecciones y la presión política aumenta, será interesante observar cómo se desarrollan estos acontecimientos y qué impacto tendrán en la agenda legislativa del país.
