En los últimos meses, el sistema de pulseras antimaltrato en España ha sido objeto de críticas severas debido a fallos significativos que han puesto en riesgo la seguridad de numerosas víctimas de violencia de género. La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, ha elevado una pregunta a la Comisión Europea, señalando que estos problemas han persistido durante al menos ocho meses, coincidiendo con un cambio en la empresa encargada del servicio. Esta situación ha dejado a muchas víctimas sin la protección necesaria, lo que ha llevado a la Fiscalía a reconocer que se han producido sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores debido a la ineficacia del sistema.
La falta de instalación de nuevos dispositivos y la incapacidad para sustituir los defectuosos han sido las principales quejas. Según el Partido Popular, varios juzgados han recibido notificaciones oficiales que indican que no era posible realizar estas acciones, lo que ha dejado a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema. La eurodiputada Estarás ha expresado su preocupación, afirmando que «las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público». Esta afirmación resalta la necesidad de que el Gobierno español rinda cuentas sobre la gestión de este servicio esencial.
### La Importancia de las Pulseras Antimaltrato
Las pulseras antimaltrato son dispositivos diseñados para proteger a las víctimas de violencia de género, permitiendo un seguimiento en tiempo real de los agresores. Estas pulseras están vinculadas a órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares, lo que significa que su correcto funcionamiento es crucial para la seguridad de las víctimas. Sin embargo, la reciente crisis ha puesto de manifiesto que el sistema no solo es ineficaz, sino que también puede ser contraproducente, ya que la incapacidad para garantizar el seguimiento real del agresor podría dejar sin efecto la protección transfronteriza que garantiza la Orden Europea de Protección (OEP).
La eurodiputada ha señalado que España podría estar vulnerando hasta cuatro normas comunitarias, incluyendo directivas que obligan a garantizar medidas de protección efectivas para las víctimas de delitos. Esto no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que también erosiona la confianza entre los socios europeos, un principio esencial del espacio de libertad, seguridad y justicia que se establece en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La situación ha generado una fuerte reacción política. El Partido Popular ha criticado al Gobierno por su «incompetencia, indolencia, ocultación y mala fe» en la gestión de este asunto. La eurodiputada Estarás ha instado a la Comisión Europea a considerar la apertura de un procedimiento de infracción debido a la indefensión de las víctimas. Esta situación ha llevado a que el PP forzara una votación en el Congreso para reprobar a Ana Redondo, quien ha sido señalada por su gestión en el ámbito de la Igualdad.
El escándalo ha puesto de relieve no solo la ineficacia del sistema de pulseras, sino también la falta de atención y recursos que se han destinado a la protección de las víctimas de violencia de género. La crítica se extiende a la gestión de los recursos públicos y a la necesidad de una revisión exhaustiva de cómo se están implementando las políticas de protección a las víctimas.
La situación actual plantea preguntas serias sobre la capacidad del Gobierno para gestionar servicios esenciales que afectan la vida y la seguridad de las personas. La falta de acción y la negligencia en la implementación de medidas de protección han llevado a que muchas víctimas se sientan desprotegidas y abandonadas por el sistema que debería protegerlas.
La eurodiputada Estarás ha enfatizado que es imperativo que el Gobierno español rinda cuentas y que se tomen medidas inmediatas para corregir los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. La seguridad de las víctimas de violencia de género no puede ser un tema de debate político, sino una prioridad que debe ser atendida con urgencia y seriedad. La situación actual es un recordatorio de que la protección de las víctimas debe ser una responsabilidad compartida entre el Gobierno, las instituciones y la sociedad en su conjunto.
