En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en España, el Gobierno ha decidido indemnizar al Partido Nacionalista Vasco (PNV) con 3,78 millones de euros por la supuesta pérdida de dos propiedades en Francia. Esta decisión ha suscitado un intenso debate y críticas, especialmente porque los inmuebles en cuestión, ubicados en Noyon y Compans, no existen. La controversia se ha intensificado tras la revelación de que la orden de pago fue emitida justo antes de que el Congreso de los Diputados rechazara la norma que justificaba dicha compensación.
La orden, firmada por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se enmarca dentro de un contexto más amplio de medidas económicas y sociales que el Gobierno había presentado. Sin embargo, la rapidez con la que se tramitó esta indemnización ha levantado sospechas sobre su legalidad y la transparencia del proceso. A pesar de que el PNV argumenta que los inmuebles eran de su propiedad, informes jurídicos previos indican que nunca pudieron demostrarlo, ya que pertenecieron al Gobierno vasco en el exilio.
### La Indemnización y su Contexto Legal
El 21 de enero de este año, el Ministerio de Memoria Democrática emitió una orden que autorizaba el pago de 3,78 millones de euros al PNV. Esta decisión se tomó en el marco de la Ley de Memoria Democrática, que busca la restitución o compensación de bienes incautados durante la Guerra Civil y la posguerra. Sin embargo, la situación se complica al considerar que los edificios en cuestión fueron destruidos y que ni siquiera los solares donde estaban ubicados pertenecen al Estado español.
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA) fue la encargada de valorar los inmuebles, un proceso que se realizó en menos de tres semanas y durante las festividades navideñas. Esta valoración ha sido cuestionada por su falta de justificación, dado que se trata de propiedades que no existen y cuya situación ha cambiado drásticamente en las últimas ocho décadas. La asociación Impulso Ciudadano ha exigido al Gobierno que publique los informes de valoración y las órdenes de pago, argumentando que, si las transferencias se realizaron después del 22 de enero, estaríamos ante una cesión de dinero público sin cobertura jurídica.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La decisión de indemnizar al PNV ha generado un fuerte rechazo en el ámbito político. La oposición ha criticado al Gobierno por lo que consideran un uso indebido de fondos públicos y una falta de transparencia en la gestión de este tipo de compensaciones. La situación se ha vuelto aún más tensa tras la primera derrota parlamentaria del Gobierno en 2025, cuando Junts votó en contra de la norma que incluía la cesión del palacete de París al PNV, lo que llevó a la caída del decreto.
El hecho de que el Gobierno haya procedido con la firma de la escritura de traspaso del palacete de París al PNV, a pesar de la falta de apoyo parlamentario, ha sido interpretado como un intento de eludir la responsabilidad política. La controversia no solo afecta al PNV, sino que también pone en entredicho la credibilidad del Gobierno y su capacidad para gestionar asuntos de gran relevancia social y económica.
La situación ha llevado a un debate más amplio sobre la gestión de los bienes públicos y la necesidad de una mayor transparencia en las decisiones gubernamentales. La falta de claridad en el proceso de indemnización y la rapidez con la que se llevó a cabo han dejado a muchos ciudadanos preguntándose sobre la integridad del sistema político español y la forma en que se manejan los recursos públicos.
En este contexto, la presión sobre el Gobierno para que explique y justifique sus decisiones se intensifica. La demanda de transparencia y rendición de cuentas se convierte en un clamor popular, y la oposición se prepara para utilizar este escándalo como un arma política en las próximas elecciones. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del PNV en el panorama político español y sobre cómo el Gobierno manejará las repercusiones de esta controvertida indemnización.
