Una adolescente de 16 años entró en la comisaría de Silleda con su madre el 3 de junio. Llevaba una impresión en papel de una imagen suya —pero no era ella: su rostro estaba superpuesto sobre un cuerpo desnudo generado por inteligencia artificial. «No lo hice yo, no lo vi nunca», dijo, temblando. Esa denuncia fue la primera de siete que la Guardia Civil ha registrado en menos de diez días.
Siete denuncias en menos de diez días
Las víctimas son todas jóvenes de entre 15 y 19 años, vecinas de la localidad pontevedresa. Ninguna había compartido fotos íntimas. Todas descubrieron sus imágenes falsas en grupos de WhatsApp de compañeros de instituto o en perfiles anónimos de redes sociales. Las imágenes no son manipulaciones de fotos reales, sino generaciones sintéticas completas: fondos simulados, iluminación realista, posturas coherentes. Según fuentes de la Guardia Civil, el presunto autor —un vecino de Silleda, menor de 30 años— habría usado herramientas de IA accesibles gratuitamente y sin registro.
El perfil del presunto autor y su método
El sospechoso no es un hacker ni un experto en tecnología. Es un joven con formación técnica básica, según consta en las primeras diligencias. Usó plataformas de generación de imágenes por texto —como Stable Diffusion o DALL·E— introduciendo descripciones detalladas: «adolescente española, pelo castaño, 16 años, desnuda, fondo de habitación juvenil». Luego ajustó los resultados con editores gratuitos para reforzar la verosimilitud. No hubo robo de dispositivos ni acceso remoto: las imágenes se construyeron desde cero, con datos públicos: perfiles de Instagram, fotos de eventos escolares, vídeos de TikTok.
Antecedentes legales y vacíos normativos
En España, la creación y difusión de imágenes íntimas falsas está tipificada como delito desde la reforma del Código Penal en 2023, tras la Ley Orgánica 10/2022. Pero el artículo 197.7 exige demostrar intención de humillar, menoscabar o vulnerar la intimidad. En este caso, la Fiscalía de Pontevedra ya ha abierto diligencias previas para valorar si concurren los elementos de violencia psicológica y daño reputacional. Sin embargo, no existe aún una figura específica para deepfakes no eróticos, ni protocolos estandarizados de preservación de evidencia digital en municipios pequeños.
La respuesta institucional en una localidad de 11.000 habitantes
El Ayuntamiento de Silleda activó un plan de emergencia educativa: talleres obligatorios en los tres institutos locales sobre alfabetización digital crítica. La Consejería de Educación de la Xunta envió un equipo técnico para auditar los dispositivos escolares. Pero la brecha es evidente: solo el 32 % de los docentes de la comarca ha recibido formación en detección de contenido sintético, según datos del Instituto Gallego de Estadística (2026). Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación paralela por posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos, al tratarse de tratamiento ilícito de datos biométricos y faciales.
El impacto psicológico en las víctimas
Dos de las jóvenes han dejado de asistir a clase. Una ha sido ingresada en urgencias por una crisis de ansiedad aguda. Otra, que obtuvo sobresaliente en la Selectividad, suspendió su matrícula en la Universidad de Santiago por miedo a ser reconocida en el campus. «No es solo una foto. Es que ya no te sientes dueña de tu cara», dijo una de ellas en una entrevista anónima con Radio Silleda. El Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia ha activado una línea de apoyo gratuito para menores afectados.
Claves del asunto
- Siete denuncias registradas en Silleda entre el 3 y el 9 de junio de 2026
- El presunto autor usó herramientas de IA generativa gratuitas, sin necesidad de conocimientos avanzados
- La Ley Orgánica 10/2022 tipifica el delito, pero requiere probar intención de daño psicológico
- La AEPD investiga por posible tratamiento ilícito de datos faciales
- No existe un protocolo nacional para la preservación de evidencia digital en casos de deepfakes
La historia de Silleda no es aislada: en los primeros cinco meses de 2026, la Fiscalía General del Estado ha contabilizado un aumento del 217 % en denuncias por deepfakes íntimos respecto al mismo periodo de 2025. Pero aquí, en esta localidad de la provincia de Pontevedra, el caso ha puesto en evidencia algo más urgente: la velocidad con la que la tecnología avanza supera con creces la capacidad de respuesta de los sistemas educativos, judiciales y de protección local. Y las víctimas no esperan reformas legislativas: necesitan respuestas hoy, en el aula, en la comisaría, en la consulta del psicólogo.
