Un técnico del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) revisa, a contraluz, una carpeta de expediente con sellos borrosos y anotaciones manuscritas. No aparece el nombre del promotor. No figura la fecha de entrada. No hay rastro digital de la tasa pagada. Esa escena, repetida cientos de veces entre 2022 y 2023, es el punto de partida del informe más contundente de la Cámara de Cuentas sobre la gestión pública de energías renovables en Aragón.
La Cámara de Cuentas reconstruyó expedientes porque no había datos fiables
El informe, presentado el 29 de junio de 2026 ante las Cortes de Aragón, no se limita a señalar errores aislados. Revela un déficit sistémico en la trazabilidad. La Cámara no pudo auditar con confianza: tuvo que reconstruir expedientes desde cero. Jesús Royo, director de la Cámara, lo dejó claro: “No basta decir que se tramitaron muchos expedientes, sino que la información facilitada no permitía conocer con fiabilidad qué se había tramitado, con qué tasas, con qué conexiones y qué estructura empresarial”.
Esa ausencia de trazabilidad no es técnica. Es institucional. Impide verificar si se respetaron los plazos legales, si las tasas se aplicaron correctamente, si un mismo grupo empresarial fragmentó un proyecto para eludir controles, o si hubo conflictos de interés no declarados.
El Inaga gestionó renovables sin base de datos limpia ni identificación clara de promotores
Entre 2022 y 2023, el Inaga, entonces dirigido por el socialista Jesús Lobera, tramitó cientos de solicitudes para parques eólicos y solares. Pero su sistema informático no registraba con precisión quién era el verdadero promotor. No distinguía entre sociedades instrumentales, holdings o firmas vinculadas. Tampoco permitía cruzar datos con registros mercantiles o fiscales.
Esto no es un fallo operativo menor. Es una brecha que afecta directamente a la transparencia y a la rendición de cuentas. En el marco del caso Forestalia, bajo investigación judicial, esa opacidad dificulta establecer responsabilidades y verificar si se otorgaron ventajas indebidas a determinados operadores.
Antecedentes del caso Forestalia
El caso Forestalia se centra en la tramitación acelerada y opaca de proyectos eólicos en Aragón, especialmente en zonas de alto valor ambiental. La empresa Forestalia, con sede en Zaragoza y liderada por Raúl Gascón, impulsó decenas de aerogeneradores entre 2021 y 2023. Varios de esos expedientes pasaron por el Inaga en condiciones que ahora la Cámara de Cuentas califica de “incontrolables desde el punto de vista de la auditoría”.
La falta de supervisión afecta a la confianza ciudadana y al futuro de la transición energética
Cuando los ciudadanos ven aerogeneradores levantarse en sus montes sin saber quién los financia ni cómo se autorizaron, la desconfianza se instala. Esa desconfianza no solo daña la imagen de las administraciones, sino que pone en riesgo el apoyo social a la transición energética. Un modelo sostenible exige transparencia, no opacidad.
Los afectados no son solo los vecinos de los municipios donde se instalaron los parques. También lo son los contribuyentes, cuyos impuestos financian estructuras de gestión que no cumplen con los estándares mínimos de control. Y lo son los competidores legítimos, que cumplen con todos los requisitos pero no pueden competir en igualdad de condiciones con quienes operan en la sombra de la burocracia.
Marco legal aplicable
El Inaga actúa bajo la Ley 16/2002 de Protección del Medio Ambiente de Aragón y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Ambos exigen trazabilidad, identificación inequívoca de los promotores y registro público de expedientes. Además, la Ley General Presupuestaria obliga a garantizar la integridad y accesibilidad de la información contable y administrativa.
Esto es una controversia institucional de primer orden
Jesús Royo no eligió sus palabras al azar. Al calificar la situación como una controversia institucional de primer orden, puso sobre la mesa una advertencia institucional sin precedentes. No se trata de un error contable, sino de una falla en el diseño del sistema de control. Una falla que permite que decisiones con impacto ambiental, económico y territorial se tomen sin garantías de legalidad ni de transparencia.
Claves del asunto:
- La Cámara de Cuentas reconstruyó expedientes porque el Inaga no tenía una base de datos “limpia y completa”.
- El informe cubre el periodo 2022 y 2023, coincidiendo con la fase crítica del caso Forestalia.
- Jesús Lobera, entonces director del Inaga, está citado en la investigación judicial.
- La falta de trazabilidad impide verificar plazos, tasas, identidad real de promotores y posibles conflictos de interés.
- El déficit afecta directamente a la confianza ciudadana y al cumplimiento del marco legal aragonés y estatal sobre evaluación ambiental.
