El juzgado número 10 de Madrid dictó sentencia el 14 de julio de 2026: David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue declarado culpable de prevaricación y condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. La sala determinó que se amañó una plaza en la Agencia Estatal de Administración Tributaria para favorecerlo, saltándose los principios constitucionales de mérito, capacidad y publicidad.
La sentencia, de 87 páginas, reconstruye cómo se alteró el orden de prelación en un proceso selectivo de 2022. Un informe pericial del Tribunal de Cuentas confirmó que tres criterios de valoración fueron modificados ex post para elevar su puntuación. El juez destacó que la manipulación no fue casual: “Se actuó con conocimiento y voluntad de eludir el control objetivo del sistema”.
El PP exige la dimisión inmediata del presidente
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, compareció ante los medios a las 13:52 horas, con el documento judicial en la mano. “No se trata de un caso aislado. Es el tercer fallo condenatorio en el entorno más cercano del presidente”, afirmó. Citó al exfiscal general Julián Sánchez Melgar, condenado en 2025 por ocultación de información en el caso Pandora, y al exministro de Transportes José Luis Ábalos, inhabilitado en 2024 por tráfico de influencias.
El PP activó su plan de presión política ese mismo día. Presentó una moción de censura exprés y convocó una sesión extraordinaria del Congreso para el 18 de julio. “Pedro Sánchez no puede seguir gobernando con la sombra de una condena que afecta a su credibilidad institucional y a la confianza ciudadana”, dijo Muñoz.
La sentencia revela una cadena de decisiones coordinadas
El fallo detalla que la manipulación se ejecutó desde tres niveles: la Dirección General de Recursos Humanos de la AEAT, la Subdirección General de Selección y la Oficina de Evaluación. Un correo interno filtrado —y validado por peritos informáticos del Cuerpo Nacional de Policía— muestra que el cambio de criterios se decidió en una reunión celebrada el 12 de octubre de 2022, dos días antes de la publicación del listado provisional.
David Sánchez obtuvo 89,3 puntos, superando por 0,7 décimas al segundo clasificado. Sin la alteración, su puntuación habría sido de 82,1. El juez subrayó que “la diferencia no es estadística: es intencional y determinante”.
Antecedentes del caso
El expediente se abrió en marzo de 2024, tras una denuncia anónima remitida al Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación en abril y solicitó la inhibición del juzgado de instrucción 32 de Madrid por riesgo de connivencia. El caso pasó entonces al juzgado 10, especializado en delitos contra la Administración Pública.
Durante el juicio, testificaron siete funcionarios, dos técnicos de la Agencia Tributaria y un perito del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que certificó la autenticidad de los correos y la imposibilidad de su modificación posterior.
El Gobierno mantiene silencio institucional pero actúa en los despachos
Pedro Sánchez no ha comparecido públicamente desde la sentencia. Su equipo ha emitido un comunicado escueto: “Respetamos la independencia judicial y confiamos en la justicia”. Sin embargo, fuentes del Ministerio de la Presidencia confirmaron que se ha activado un protocolo de contención: se ha suspendido la participación del presidente en actos internacionales previstos para la semana, incluida la cumbre de la UE en Bruselas, y se ha reprogramado su agenda con los líderes de los países del Mediterráneo Sur.
El Consejo de Ministros extraordinario del 15 de julio —previsto para aprobar el Plan de Vivienda 2026–2030— fue pospuesto sine die. Fuentes del Ministerio de Transportes indican que la decisión se tomó “para evitar que el debate político desvíe la atención de las medidas urgentes para los afectados por los incendios de Almería”.
El marco legal que rige la responsabilidad política
La sentencia se sustenta en el artículo 404 del Código Penal, que castiga la prevaricación con penas de prisión de uno a cuatro años y hasta doce años de inhabilitación. La sala aplicó la agravante de “abuso de confianza” y consideró probado el uso de la influencia familiar como factor determinante.
El Estatuto de los Funcionarios Públicos y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público exigen transparencia absoluta en los procesos selectivos. Además, el Reglamento de la Ley de Transparencia obliga a publicar los criterios de valoración antes de la convocatoria —algo que no ocurrió en este caso.
Claves del asunto
- David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación en un proceso selectivo de la AEAT.
- Es la tercera condena judicial contra figuras del entorno directo de Pedro Sánchez en menos de dos años.
- La manipulación de la puntuación se comprobó mediante peritajes del Tribunal de Cuentas y el Instituto Nacional de Toxicología.
- El PP ha presentado una moción de censura exprés, con votación prevista para el 18 de julio de 2026.
- El Gobierno ha suspendido su agenda internacional y pospuesto el Consejo de Ministros extraordinario.
