El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha tomado una decisión histórica al confirmar por unanimidad la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, quien había sido objeto de un proceso de impeachment por su declaración de ley marcial en diciembre de 2024. Esta medida, que fue retirada posteriormente debido a la presión social y de la oposición, ha sido considerada ilegal por el tribunal, que ha dictaminado que Yoon violó la ley al enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir la revocación de la norma.
La lectura del veredicto fue realizada por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung Bae, y se transmitió en vivo, lo que subraya la importancia del fallo en el contexto político del país. La decisión entra en vigor de inmediato, lo que obliga a Corea del Sur a celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días para elegir a un nuevo líder.
El tribunal argumentó que la declaración de ley marcial no cumplía con los requisitos legales necesarios para ser considerada válida en una crisis nacional. En su fallo, Moon destacó que los efectos negativos sobre el orden constitucional y las repercusiones de las violaciones de la ley por parte de Yoon eran graves, lo que justificaba su destitución para proteger la Constitución.
Yoon había justificado la imposición de la ley marcial alegando la existencia de una oposición “norcoreana” que estaba utilizando al Legislativo como un arma política. Sin embargo, el tribunal encontró que no había argumentos sólidos que respaldaran su decisión. Aunque reconoció cierta preocupación por el uso del mecanismo de impeachment por parte de la oposición, el tribunal determinó que en el momento de la declaración de la ley marcial solo había dos procedimientos en marcha.
Uno de los aspectos más controvertidos de la decisión de Yoon fue el despliegue de tropas y policías para impedir la entrada de los diputados que iban a anular la ley marcial. El tribunal consideró que esta acción violó la provisión constitucional que permite a la Asamblea levantar la ley marcial y los derechos de los diputados a votar, así como su inmunidad al arresto. Esta intervención militar, según el tribunal, provocó un conflicto directo entre los soldados, que tienen la responsabilidad de defender la seguridad nacional, y la población civil.
El fallo del Constitucional también subrayó que Yoon, como presidente, tenía el deber de unir a la sociedad y que había fracasado en cumplir con esta responsabilidad. La corte enfatizó que la autoridad presidencial emana únicamente de la Constitución y que los poderes de emergencia que Yoon activó fueron más allá de lo permitido por la Carta Magna, lo que deterioró la confianza pública en su ejercicio de autoridad.
Tras el veredicto, Yoon emitió una disculpa a través de sus abogados, expresando su profundo pesar por no haber estado a la altura de las expectativas de la población. Agradeció a los ciudadanos por su apoyo y aliento, incluso en momentos difíciles.
El Partido del Poder Popular, al que pertenecía Yoon, aceptó la decisión del tribunal con humildad, mientras que el Partido Demócrata, principal formación de la oposición, la calificó como una victoria del pueblo. Esta situación ha generado un cambio significativo en el panorama político de Corea del Sur, donde la destitución de un presidente en funciones es un acontecimiento poco común.
El presidente interino, Han Duck Soo, ha prometido garantizar la seguridad nacional y la continuidad de la diplomacia tras la destitución de Yoon. Además, ha instado a mantener una postura de preparación ante posibles provocaciones de Corea del Norte, lo que refleja la tensión geopolítica en la región.
El veredicto del Tribunal Constitucional se produce en un momento crítico, ya que una semana después, un tribunal de Seúl comenzará el juicio contra Yoon por supuesta incitación a la insurrección y abuso de poder en relación con la declaración de la ley marcial. Este proceso judicial podría tener implicaciones aún más profundas en la política surcoreana, en un contexto donde la estabilidad y la gobernabilidad son esenciales para el futuro del país.