La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha anunciado una inversión de 255.000 euros para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género a través de la figura del procurador. Esta medida busca garantizar que las mujeres afectadas cuenten con un profesional que las represente durante todo el proceso judicial, aunque su presencia no sea obligatoria en todas las fases del mismo. La iniciativa tiene como objetivo principal reducir la carga emocional y el estrés que implica para las víctimas acudir a los juzgados en múltiples ocasiones, permitiéndoles enfocarse en su recuperación.
La convocatoria de estas subvenciones ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y el plazo para solicitarlas estará abierto hasta el 30 de junio. Este programa se enmarca dentro de un convenio firmado entre la Consejería de Justicia y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, que busca sufragar la representación de las víctimas en todo el proceso judicial.
Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia gratuita de abogados y procuradores de oficio. Sin embargo, la representación de procuradores no es obligatoria en todas las fases del procedimiento. Para mitigar la doble victimización que sufren estas mujeres al tener que presentarse en los tribunales para diferentes trámites, la Junta ha decidido implementar esta medida que les permitirá contar con un procurador que las represente en todas las etapas del proceso.
Desde 2021, la Junta ha comenzado a conceder subvenciones excepcionales a los Colegios de Procuradores para retribuir su trabajo en este ámbito. Sin embargo, para dar mayor estabilidad a esta medida, el año pasado se aprobó una orden de bases reguladoras que permite conceder estas subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. Esto significa que anualmente se convocan y los fondos son distribuidos entre los colegios provinciales, quienes a su vez los asignan a sus colegiados.
En el último año, los colegios de procuradores de diferentes provincias han recibido distintas cantidades en función de sus necesidades. Por ejemplo, el Colegio de Procuradores de Almería recibió 19.481 euros, mientras que el de Sevilla obtuvo 68.992 euros. Esta distribución de fondos busca asegurar que todas las provincias cuenten con los recursos necesarios para ofrecer un servicio adecuado a las víctimas.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado la importancia de la labor que realizan los procuradores y ha instado a jueces y fiscales especializados en violencia de género a informar a las víctimas sobre la posibilidad de solicitar este servicio de manera gratuita desde el momento de la denuncia. Muchas mujeres desconocen esta opción, y contar con un procurador puede proporcionarles tranquilidad y seguridad al no tener que preocuparse por trámites y plazos.
Además, el consejero ha subrayado que el simple hecho de tener que acudir a los juzgados puede generar una gran tensión en las víctimas, quienes temen encontrarse con sus agresores y revivir experiencias traumáticas. Por ello, la Consejería de Justicia también está trabajando en la creación de salas de espera separadas y confortables en los edificios judiciales, con el fin de evitar cualquier contacto entre las víctimas y sus agresores durante las declaraciones.
Desde 2018, la Junta ha incrementado el número de Salas Gesell, que están equipadas para la práctica de pruebas preconstituidas. Estas salas permiten grabar el testimonio de las víctimas con todas las garantías procesales, evitando que tengan que repetir su relato en múltiples ocasiones ante diferentes operadores jurídicos durante el proceso judicial. Esta medida busca no solo proteger a las víctimas, sino también facilitar su participación en el proceso judicial de una manera que minimice el trauma asociado.
La iniciativa de la Junta de Andalucía representa un paso significativo hacia la mejora de la atención y el apoyo a las víctimas de violencia de género, asegurando que cuenten con la representación legal necesaria para enfrentar el sistema judicial con mayor confianza y seguridad.
