El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo en la gestión de la migración al convalidar un real decreto que establece un mecanismo para la reubicación de menores migrantes no acompañados. Esta medida, que busca aliviar la presión sobre comunidades autónomas con recursos limitados, como Canarias, ha sido respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular (PP) y Vox, que han expresado su oposición.
La votación, que tuvo lugar el 10 de abril de 2025, resultó en 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención. Este resultado contrasta con la situación del año anterior, cuando un intento similar de reforma no logró avanzar debido a la oposición de los mismos partidos. La modificación de la ley de extranjería, que ahora incluye un mecanismo permanente para la distribución de menores, fue impulsada por un acuerdo alcanzado con Junts, un partido independentista catalán.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, celebraron la aprobación con un emotivo abrazo, marcando un momento significativo en sus carreras políticas. Esta convalidación permitirá al Gobierno implementar un plan que prevé el traslado de aproximadamente 4,000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta en el primer año, aunque las cifras aún están sujetas a confirmación.
El siguiente paso en este proceso será la celebración de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia programada para el 28 de abril, donde se definirán los criterios específicos para la reubicación de los menores. Esta conferencia es crucial, ya que el Gobierno aún no dispone de datos completos de todas las comunidades autónomas sobre la situación actual de los menores migrantes.
Durante el debate en el Congreso, los representantes de los partidos que apoyaron la medida hicieron un llamado a los diputados canarios del PP para que votaran en conciencia, recordándoles que esta norma es el resultado de un diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno canario, donde el PP también tiene representación. Se criticó abiertamente la postura del PP y Vox, acusándolos de racismo y de no actuar en favor de sus propios ciudadanos.
El diputado del PSOE, Luc Andre Diuf, cuestionó a los representantes del PP sobre si dejarían a sus vecinos en una situación de desamparo, mientras que otros miembros de la oposición, como el diputado de Sumar Vicenç Vidal, criticaron la doble moral del PP en relación con la migración. La diputada de Podemos, Noemí Santana, también se unió a las críticas, subrayando la hipocresía del PP al poner obstáculos a la integración de los menores migrantes.
Por otro lado, el diputado de ERC, Jordi Salvador, enfatizó que los menores no deben ser considerados una carga, sino una responsabilidad colectiva. En un tono irónico, sugirió que aquellos que votaran en contra de la medida deberían reflexionar sobre su postura. La intervención del diputado de Junts, Josep María Cervera, resaltó la importancia del acuerdo alcanzado, que busca mejorar un sistema de reparto que había demostrado ser ineficaz.
Sin embargo, la oposición no se hizo esperar. La diputada del PP, Ana Isabel Alós, calificó el decreto de «parche» y «chapuza administrativa», argumentando que no aborda las causas subyacentes del problema migratorio. Vox, por su parte, continuó su crítica a la inmigración irregular, vinculándola a la islamización de Europa y rechazando cualquier medida que consideren un incentivo para la llegada de más migrantes.
La aprobación de este decreto es un avance en la búsqueda de soluciones a la crisis de los menores migrantes en España. Sin embargo, el debate en el Congreso ha puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas sobre cómo abordar la migración y la responsabilidad del Estado en la protección de los más vulnerables. La implementación efectiva de este mecanismo dependerá de la colaboración entre las diferentes comunidades autónomas y del compromiso del Gobierno para garantizar el bienestar de estos jóvenes.
