La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha generado un intenso debate en la comunidad valenciana tras anunciar su intención de cobrar a las comunidades de regantes del Júcar y el Turia por las obras de emergencia ejecutadas después de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024. Esta catástrofe natural dejó un saldo trágico de 228 víctimas mortales y causó daños significativos en infraestructuras hídricas esenciales, lo que ha llevado a la oposición política a cuestionar la responsabilidad de la CHJ y del gobierno en la gestión de la crisis.
La factura de las obras de emergencia asciende a más de 15 millones de euros para el Canal Principal del Camp del Turia y a 30 millones para el Canal Júcar-Turia. Ante esta situación, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, exigiendo que el gobierno asuma el costo de estas obras y no lo repercuta sobre los regantes. Según el portavoz del PP, Miguel Tellado, «no puede dejarse que quienes sufrieron los daños ahora también paguen la reconstrucción». Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente descontento hacia la gestión de la CHJ, cuyo presidente, Miguel Polo, ha sido criticado por no haber tomado las medidas preventivas adecuadas que podrían haber mitigado la tragedia.
La situación es alarmante, ya que afecta a más de 35,000 usuarios de riego y al abastecimiento de agua potable de más de 2.6 millones de personas en la provincia de Valencia. El Canal Júcar-Turia es vital para el suministro de agua a localidades como Valencia capital, Sagunto y La Ribera, mientras que el Canal Principal del Camp del Turia proporciona agua a 24,500 hectáreas agrícolas. Sin las obras de emergencia, muchos de estos servicios básicos habrían quedado interrumpidos, lo que subraya la importancia de la infraestructura hídrica en la región.
La controversia se intensifica al considerar que la misma CHJ que no actuó a tiempo ahora pretende cobrar a los regantes por la reconstrucción. El PP argumenta que estas obras no son ordinarias, sino respuestas a una emergencia de dimensiones históricas. Además, denuncian un «agravio comparativo» con otras zonas afectadas por la misma dana que han recibido ayudas directas, mientras que los usuarios del Júcar y el Turia quedarían desprotegidos.
La proposición no de ley también menciona precedentes legales que podrían respaldar su solicitud, como el Real Decreto-ley 8/2023, que contemplaba exenciones en situaciones de sequía extrema. Sin embargo, la falta de una normativa específica para la situación actual podría resultar en una «injusticia mayúscula» para los agricultores valencianos, quienes ya enfrentan desafíos significativos debido a la crisis hídrica.
La pelota ahora está en el tejado del Ministerio para la Transición Ecológica, que debe decidir si protege a altos cargos como Miguel Polo o si toma medidas para corregir el rumbo. La presión política es evidente, y el PP ha instado al gobierno a asumir el costo de la reconstrucción, argumentando que moral y políticamente no puede recaer sobre las víctimas de la dana.
En este contexto, la CHJ se encuentra en el centro de la polémica, no solo por su gestión durante la crisis, sino también por su intención de repercutir los costos de la reconstrucción a quienes ya han sufrido las consecuencias de la catástrofe. La falta de acción preventiva y la gestión de la crisis han llevado a cuestionar la eficacia de la CHJ y su responsabilidad en la protección de la población ante desastres naturales.
La situación es un recordatorio de la importancia de una gestión adecuada de los recursos hídricos y de la necesidad de una respuesta rápida y efectiva ante emergencias. La comunidad valenciana espera que el gobierno tome decisiones que prioricen el bienestar de sus ciudadanos y que se eviten injusticias adicionales en un momento ya de por sí difícil para muchos.
