La reciente decisión del Tribunal Supremo en España ha abierto un nuevo capítulo en la regulación de los pisos turísticos, permitiendo que las comunidades de propietarios tengan la capacidad de vetar esta actividad en sus inmuebles. Esta medida, que se basa en el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, establece que las comunidades pueden prohibir el alquiler turístico mediante acuerdos adoptados en junta con una mayoría de tres quintos. Sin embargo, a pesar de este avance, existen múltiples obstáculos que dificultan la implementación efectiva de esta decisión.
### Obstáculos para la Implementación de la Prohibición
Uno de los principales impedimentos que enfrentan las comunidades de vecinos es la necesidad de modificar sus estatutos en el Registro de la Propiedad. Este proceso no solo es burocrático, sino que también conlleva costos significativos. Para llevar a cabo la modificación, la comunidad debe acudir a un notario para levantar acta de la Junta de propietarios, lo que implica un arancel que varía según diferentes factores. Posteriormente, deben registrar la modificación en el Registro de la Propiedad, lo que genera otro costo adicional.
La dificultad para prever el costo total de este trámite puede desincentivar a las comunidades a tomar decisiones sobre la prohibición de pisos turísticos. La iniciativa presentada por el grupo parlamentario Sumar busca abordar estas cuestiones, proponiendo que el Congreso inste al Gobierno a desarrollar medidas que faciliten y agilicen los trámites necesarios para la inscripción registral de los acuerdos adoptados por las comunidades de vecinos. Esto incluye la creación de criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales, evitando así la aplicación de tarifas desproporcionadas.
Además, Sumar sugiere la posibilidad de limitar o bonificar los aranceles aplicables a la inscripción de acuerdos que prohíban los pisos turísticos, con el objetivo de reducir la carga económica que supone este proceso para las comunidades de propietarios. La propuesta destaca la necesidad de regular los pisos turísticos, especialmente tras su proliferación en los últimos años, que ha generado problemas significativos en las comunidades y en las ciudades en general.
### La Proliferación de Pisos Turísticos y sus Consecuencias
La conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos ha desencadenado una serie de problemas que afectan tanto a los residentes como a la calidad de vida en las comunidades. La escasez de viviendas asequibles es uno de los problemas más evidentes, ya que muchos propietarios prefieren alquilar sus propiedades a turistas en lugar de a residentes locales. Esto ha llevado a un aumento en los precios de alquiler y ha dificultado el acceso a la vivienda para muchas personas.
Además, la actividad turística en zonas residenciales puede alterar la convivencia y la tranquilidad de los vecinos. Los ruidos, el aumento del tráfico y la falta de consideración por parte de algunos inquilinos temporales son quejas comunes entre los residentes de comunidades donde se permiten los alquileres turísticos. La necesidad de regular esta actividad se ha vuelto más urgente, y la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a los vecinos aprobar expresamente los alquileres turísticos, es un paso en esa dirección.
La regulación de los pisos turísticos no solo es una cuestión de orden público, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales. Las comunidades de propietarios deben encontrar un equilibrio entre el derecho a alquilar sus propiedades y la necesidad de mantener un entorno habitable para todos los residentes. La propuesta de Sumar busca facilitar este proceso, permitiendo que las comunidades tomen decisiones informadas y efectivas sobre el uso de sus propiedades.
En resumen, la reciente decisión del Tribunal Supremo y las propuestas legislativas en curso reflejan un cambio significativo en la forma en que se gestionan los pisos turísticos en España. A medida que las comunidades de propietarios obtienen más poder para regular esta actividad, es fundamental que se aborden los obstáculos burocráticos y económicos que podrían limitar su capacidad para hacerlo. La regulación efectiva de los pisos turísticos es esencial para garantizar la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad de las comunidades en el futuro.
