El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), un consorcio público que gestiona el supercomputador MareNostrum, se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de un informe del Tribunal de Cuentas que señala el uso indebido de más de un millón de euros a través de tarjetas de crédito. Esta situación ha llevado a la Fiscalía Europea a abrir una investigación sobre presuntas irregularidades en un contrato de 8,1 millones de euros destinado a la adquisición de un ordenador cuántico, el primero en operar en el sur de Europa. La situación ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la gestión de los fondos públicos en una institución que juega un papel crucial en la investigación científica y tecnológica en España.
La auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas reveló que, entre 2015 y 2022, una docena de directivos del BSC-CNS utilizaron tarjetas de crédito de manera discrecional para gastos que van desde la compra de equipos informáticos hasta gastos de representación en hoteles y restaurantes. En 2018, se gastaron 734.923 euros y otros 356.189 euros en 2021, sumando un total de más de un millón de euros en gastos que carecían de la debida justificación. Este uso indebido de recursos ha sido calificado como contrario a los estatutos del consorcio y a la legislación vigente sobre la gestión de fondos públicos.
### La Investigación de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea ha tomado cartas en el asunto, registrando la sede del BSC-CNS en Barcelona para incautar documentación relacionada con el contrato del ordenador cuántico. Este contrato, adjudicado en noviembre de 2022, fue otorgado a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Qilimanjaro Quantum Tech y GMV, siendo Qilimanjaro una empresa vinculada al propio consorcio. Esta relación ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso de adjudicación, dado que la oferta de Qilimanjaro fue la única presentada y recibió la máxima puntuación en casi todos los apartados del pliego de condiciones.
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha sido designada como juez de garantías en esta investigación, que busca determinar si ha habido malversación de fondos europeos. La situación es especialmente delicada, ya que el BSC-CNS ha recibido financiación de los fondos europeos Next Generation, lo que aumenta la presión sobre la gestión de estos recursos.
### Consecuencias de la Gestión Irregular
Las irregularidades detectadas no solo afectan la reputación del BSC-CNS, sino que también plantean serias preguntas sobre la gestión de los fondos públicos en instituciones científicas. El consorcio, que fue creado en 2005 y está compuesto por el Ministerio de Ciencia y Universidades, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene la responsabilidad de garantizar un uso adecuado y transparente de los recursos que recibe.
El informe del Tribunal de Cuentas también señala que la Universidad Politécnica de Cataluña ha incumplido sistemáticamente su compromiso de financiación al BSC-CNS, lo que ha contribuido a la precariedad financiera de la institución. Esta falta de recursos puede afectar la capacidad del consorcio para llevar a cabo su misión de investigación y desarrollo en el ámbito de la computación de alto rendimiento.
Además, la situación se complica con la reciente inyección de 61,76 millones de euros por parte del Gobierno para desarrollar una fábrica de inteligencia artificial en el BSC-CNS. La decisión de invertir en el consorcio a pesar de las irregularidades conocidas plantea interrogantes sobre la supervisión y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos.
La comunidad científica y tecnológica está a la espera de los resultados de la investigación de la Fiscalía Europea, que podría tener repercusiones significativas no solo para el BSC-CNS, sino también para la confianza en la gestión de fondos públicos en el ámbito de la investigación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para asegurar que los recursos destinados a la ciencia y la tecnología se utilicen de manera efectiva y ética, y este caso pone de relieve la necesidad de una supervisión más estricta en la gestión de instituciones públicas.
En un contexto donde la innovación y la investigación son cruciales para el desarrollo económico y social, es imperativo que se tomen medidas para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera responsable y que se mantenga la integridad de las instituciones que los gestionan. La resolución de este escándalo será un testimonio de la capacidad del sistema para abordar la corrupción y mejorar la gestión de recursos en el futuro.
