La reciente visita de la delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a Madrid ha puesto de manifiesto una situación alarmante en la política española. Los eurodiputados han expresado su asombro ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a aplicar la reforma electoral europea de 2018, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de diálogo y la aparente falta de voluntad política para cumplir con las normativas europeas. Este artículo explora las implicaciones de esta crisis y los posibles efectos en el panorama político español.
La reforma electoral en cuestión fue aprobada por el Parlamento Europeo en junio de 2018 y establece un umbral mínimo de representación del 2% al 5% para acceder al reparto de escaños en las elecciones al Parlamento Europeo. Esta medida busca evitar la fragmentación del voto y garantizar que los eurodiputados cuenten con un respaldo electoral significativo. Sin embargo, España se ha convertido en el único país de la Unión Europea que no ha ratificado esta reforma, lo que ha llevado a la delegación a calificar la situación como «inusual e incomprensible».
### La Negativa del Gobierno y sus Consecuencias
La negativa del Gobierno de Sánchez a dialogar con la misión del Parlamento Europeo ha sido interpretada como un intento de proteger los intereses de los partidos nacionalistas e independentistas que son socios del Gobierno. Según los eurodiputados, la aplicación del nuevo umbral podría dejar a partidos como el PNV sin representación en Bruselas, lo que explicaría la resistencia del Ejecutivo a implementar la reforma.
La falta de diálogo ha sido un punto crítico en las declaraciones de los eurodiputados. Sven Simon, jefe de la delegación, destacó que «aquí no sólo no hay diálogo, es que hay una negativa abierta a hablar». Esta situación no solo pone en entredicho la legitimidad del Gobierno español, sino que también afecta la imagen de España en el contexto europeo. La falta de cumplimiento con las normativas comunitarias puede tener repercusiones en la percepción internacional del país, así como en su capacidad para influir en decisiones clave dentro de la Unión Europea.
La reforma electoral fue diseñada para dotar de mayor legitimidad a las elecciones al Parlamento Europeo, y su incumplimiento por parte de España ha llevado a que las elecciones de 2024 se celebren bajo las normas antiguas, lo que podría resultar en una representación distorsionada de la voluntad popular. Este escenario plantea serias dudas sobre la integridad del sistema electoral español y su alineación con los estándares europeos.
### Reacciones y Futuras Implicaciones
La reacción de los eurodiputados ha sido contundente. Durante su visita, se reunieron con académicos, representantes del Congreso y del Senado, así como miembros del Tribunal Supremo, pero no hubo presencia gubernamental. Esta ausencia ha sido interpretada como un desprecio institucional hacia la misión europea, lo que ha intensificado las críticas hacia el Gobierno de Sánchez.
Además, se ha señalado que la falta de ratificación de la reforma electoral podría tener consecuencias políticas significativas. Algunos eurodiputados han sugerido que la negativa del Gobierno a implementar la reforma responde a intereses partidistas, lo que podría poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo. La percepción de que Sánchez está dispuesto a sortear normas para mantener su poder podría erosionar aún más la confianza pública en el Gobierno.
El informe de implementación que se espera de la misión incluirá conclusiones que podrían ser «demoledoras» para España. Se anticipa que este documento exigirá la ratificación inmediata de la reforma electoral y dejará en evidencia al Gobierno por su desinterés en cumplir con un mandato expreso del Parlamento Europeo. La recomendación final de la misión es clara: los grupos parlamentarios en el Congreso deben impulsar una proposición de ley para una reforma urgente de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que incorpore el umbral mínimo del 2% al 5% para los comicios europeos.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno de Sánchez, que deberá enfrentar no solo la presión interna para cumplir con las normativas europeas, sino también la creciente desconfianza de la ciudadanía. La falta de acción en este frente podría tener repercusiones en las próximas elecciones y en la capacidad del Gobierno para mantener su coalición.
En resumen, la crisis de la reforma electoral en España no solo refleja un problema de cumplimiento normativo, sino que también pone de relieve las tensiones políticas internas y la necesidad de un diálogo constructivo entre el Gobierno y las instituciones europeas. La falta de acción en este ámbito podría tener consecuencias duraderas para la política española y su posición en el contexto europeo.
