En el contexto político español, las estrategias de obtención de información y la manipulación de datos han cobrado una relevancia significativa, especialmente en el marco de las próximas elecciones generales de 2027. Recientemente, se ha destapado una serie de maniobras orquestadas por Leire Díez, quien, bajo la dirección de Santos Cerdán, ha estado involucrada en una campaña para desacreditar a líderes del Partido Popular (PP) como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Esta operación ha suscitado un amplio debate sobre la ética en la política y el uso de tácticas cuestionables para obtener ventajas electorales.
### La Operación de Desprestigio
Leire Díez, quien ha sido descrita como una «fontanera» del PSOE, tenía como objetivo principal reunir información comprometedora sobre figuras clave del PP. Según testimonios corroborados, su actividad comenzó en el verano de 2024, cuando recibió apoyo financiero de una consultora vinculada a Gaspar Zarrías. A través de reuniones clandestinas en diversos lugares de Madrid, como bares y restaurantes, Díez buscaba obtener pruebas que pudieran ser utilizadas para desacreditar a sus oponentes políticos.
La estrategia de Díez incluía ofrecer beneficios judiciales y pactos con la Fiscalía a aquellos que pudieran proporcionar información valiosa. Este enfoque no solo se limitaba a Feijóo y Ayuso, sino que también se extendía a otros líderes del PP, como Juanma Moreno Bonilla y Miguel Tellado. La intención era clara: crear un arsenal de pruebas que pudieran ser utilizadas para debilitar la posición del PP en las elecciones venideras.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta campaña fue el intento de vincular a Feijóo con la trama de hidrocarburos, a través de la figura de Norberto Uzal, un exdirector general de la Xunta de Galicia que enfrenta graves acusaciones de fraude. La planificación de esta estrategia incluyó la colaboración con medios afines al Gobierno para asegurar que el nombre de Uzal estuviera asociado repetidamente con el de Feijóo, con el fin de generar una percepción negativa en la opinión pública.
### La Red de Colaboraciones y Financiación
La red de apoyo detrás de Leire Díez es igualmente intrigante. Se ha revelado que su actividad estaba respaldada por Santos Cerdán, quien posee una participación significativa en la constructora Servinabar. Esta empresa, que ha obtenido contratos millonarios del Gobierno de Navarra, ha sido objeto de investigaciones por su relación con el PSOE. La UCO (Unidad Central Operativa) encontró documentación que vincula a Cerdán con la empresa, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la financiación de campañas políticas.
Díez no solo actuaba de manera independiente; reportaba directamente a Cerdán y a su equipo cercano, lo que sugiere una estructura organizativa bien definida dentro del PSOE para llevar a cabo estas maniobras. Las reuniones entre Díez y Cerdán eran frecuentes, y en varias ocasiones, Cerdán se comunicaba con ella para obtener actualizaciones sobre el progreso de las investigaciones. Esta dinámica pone de relieve la interconexión entre el partido y las operaciones de obtención de información, lo que podría considerarse una violación de los principios democráticos.
Además, la implicación de figuras como Vicente Fernández Guerrero, quien alquiló un piso utilizado por Díez para sus actividades, añade otra capa de complejidad a esta historia. Fernández Guerrero, un hombre cercano a María Jesús Montero, ha estado involucrado en diversas controversias, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de las acciones del PSOE en este contexto.
La situación se complica aún más con la revelación de que Leire Díez también estaba en posesión de grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, que podrían contener información comprometedora sobre Feijóo. Estas grabaciones, encargadas por la exministra María Dolores de Cospedal, se han convertido en un punto focal de la estrategia de Díez para debilitar al PP.
La existencia de una empresa como Zaño Sociedad Consultora, que aparentemente opera sin una presencia pública significativa y está vinculada al PSOE, plantea interrogantes sobre la transparencia en la financiación de campañas y la ética en la política. La falta de información sobre esta empresa, que factura más de un millón de euros al año sin una web o redes sociales, sugiere que podría estar operando en la sombra, lejos de la vista pública.
El uso de tácticas de desprestigio y la manipulación de información en el ámbito político no son nuevos, pero el caso de Leire Díez y su campaña contra el PP pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y supervisión en el financiamiento de campañas y en las prácticas políticas en general. A medida que se acercan las elecciones de 2027, la atención se centrará en cómo estas revelaciones afectarán la percepción pública del PSOE y su capacidad para competir en un entorno político cada vez más polarizado.
