La corrupción ha sido un tema recurrente en la política española, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido abordar esta problemática con un nuevo paquete de medidas. En una reciente comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Sánchez presentó un plan estatal que incluye 15 medidas anticorrupción, diseñado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este plan surge en un contexto marcado por las recientes imputaciones de figuras cercanas al presidente, lo que ha intensificado la necesidad de una respuesta contundente ante este fenómeno.
### Un Plan Integral para la Prevención de la Corrupción
El primer eje del plan se centra en la prevención de la corrupción, un aspecto crucial para reducir su incidencia en la administración pública. Sánchez ha propuesto la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que actuará como el órgano central encargado de la supervisión y persecución de actos corruptos. Esta agencia se encargará de fomentar la elaboración de mapas de riesgo de integridad, que ayudarán a identificar áreas vulnerables dentro de las contrataciones públicas.
Además, el presidente ha destacado la importancia de la Ley de Administración Abierta, que busca promover la participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Esta ley, junto con la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, ampliará el control sobre estos grupos en la fase prelegislativa, asegurando que las decisiones políticas sean más transparentes y responsables.
El plan también incluye medidas innovadoras, como la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público. Estas herramientas permitirán automatizar la detección de patrones anómalos en las contrataciones, facilitando la identificación de irregularidades antes de que se materialicen.
### Protección a los Denunciantes y Respuesta Eficaz
Otro de los ejes fundamentales del plan es garantizar la protección efectiva de las personas que denuncian actos de corrupción. Aunque España ha avanzado con la aprobación de la Ley 2/2023 y la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Sánchez ha reconocido que aún queda mucho por hacer. El presidente ha propuesto mejorar esta ley, reforzando los canales de alerta y estableciendo un régimen sancionador para aquellos que incumplan las normativas de protección a los denunciantes.
La creación de canales internos en las empresas para facilitar la denuncia de prácticas ilegítimas es una de las medidas que se implementarán para fomentar un entorno más seguro para quienes se atrevan a hablar. Esto es esencial para construir una cultura de transparencia y responsabilidad en el ámbito empresarial y político.
Además, el plan contempla una respuesta más eficaz ante los casos de corrupción ya detectados. Para ello, se reforzarán las capacidades de la Fiscalía y del Poder Judicial, estableciendo secciones especializadas en cada tribunal de instancia. Esto permitirá una investigación más profunda y un juicio más ágil de los casos de corrupción, asegurando que los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Sánchez ha enfatizado la necesidad de establecer mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, así como la importancia de exigir mecanismos de compliance para prevenir futuros delitos. La modificación del Código Penal para incluir penas más severas y nuevos delitos relacionados con la administración pública también forma parte de este enfoque integral.
### Recuperación de Activos y Promoción de una Cultura Anticorrupción
La recuperación de activos procedentes de actividades corruptas es otro de los puntos destacados por Sánchez. La creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, junto con la implementación de un sistema de decomiso administrativo y preventivo, busca reparar el daño causado por la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía. Esto implica no solo castigar a los culpables, sino también asegurar que los fondos ilícitamente obtenidos sean devueltos a la sociedad.
Por último, el plan incluye un eje dedicado a la promoción de una cultura anticorrupción en todos los estamentos de la sociedad. Esto se logrará a través de programas de formación, campañas sociales y encuestas sobre la percepción de la corrupción. La educación y la concienciación son herramientas clave para fomentar una sociedad más comprometida con la integridad y la transparencia.
El anuncio de este ambicioso plan por parte de Pedro Sánchez refleja una clara intención de abordar la corrupción de manera integral y efectiva. Con medidas que abarcan desde la prevención hasta la sanción y la recuperación de activos, el Gobierno busca no solo combatir la corrupción, sino también restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
