La reciente construcción de un cable submarino de nueva generación que conectará las Islas Canarias con la costa atlántica de Marruecos ha suscitado un intenso debate sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto. Este cable, que se prevé que llegue a puntos como Tarfaya o Bojador, en el Sáhara Occidental, ha sido objeto de críticas por parte del Frente Polisario, que defiende los derechos del pueblo saharaui y considera que cualquier actividad económica en esta región es ilegal sin su consentimiento.
**El contexto del proyecto**
Marruecos ha estado trabajando en la expansión de su infraestructura digital, y este nuevo cable submarino es parte de una estrategia más amplia para mejorar la conectividad entre Europa y África. La presidenta del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Dávila, ha destacado la importancia de este proyecto, que no solo beneficiará a las islas, sino que también fortalecerá los lazos digitales con el continente africano. Sin embargo, la conexión con el Sáhara Occidental plantea serias cuestiones sobre la legalidad y la ética de la implicación de Marruecos en esta región, que sigue siendo objeto de disputa internacional.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido varias sentencias que subrayan la necesidad de obtener el consentimiento del pueblo saharaui para cualquier acuerdo que involucre el territorio del Sáhara Occidental. Esto ha llevado a que el Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui, critique abiertamente el proyecto, argumentando que es un intento de blanquear la ocupación marroquí en la región.
**Reacciones y consecuencias**
Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, ha manifestado que la construcción de este cable es un nuevo elemento que contribuye a la normalización de la ocupación marroquí. Según Arabi, el cable no solo facilitará la comunicación, sino que también permitirá a Marruecos continuar con el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Esta situación ha generado un fuerte rechazo entre los saharauis y sus aliados, quienes ven en este proyecto una amenaza a su derecho a la autodeterminación.
El impacto de este cable no se limita a cuestiones políticas; también tiene implicaciones económicas y sociales. La mejora de la conectividad digital podría atraer inversiones y fomentar el desarrollo tecnológico en la región, pero esto se produce en un contexto de ocupación y violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional ha sido instada a prestar atención a estos aspectos y a considerar las repercusiones de sus inversiones y colaboraciones en proyectos que involucran territorios en disputa.
Además, la construcción de este cable submarino se enmarca en un contexto más amplio de relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, donde se han establecido acuerdos comerciales que a menudo ignoran la situación del Sáhara Occidental. La crítica del Frente Polisario se centra en la necesidad de que cualquier acuerdo que afecte a esta región cuente con la aprobación del pueblo saharaui, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
El proyecto de cable submarino, que se estima costará alrededor de 49 millones de euros y se completará en un plazo de 42 meses, ha recibido financiación del Banco Europeo de Inversiones, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. La participación de entidades europeas en este tipo de proyectos ha sido objeto de controversia, ya que muchos consideran que contribuyen a la legitimación de la ocupación marroquí.
**Perspectivas futuras**
A medida que avanza la construcción del cable, las tensiones entre Marruecos y el Frente Polisario probablemente aumentarán. La comunidad internacional deberá estar atenta a cómo se desarrollan estos acontecimientos y a las posibles repercusiones en la estabilidad de la región. La situación del Sáhara Occidental sigue siendo un tema delicado y complejo, y cualquier avance en la infraestructura digital debe ser considerado con cautela, teniendo en cuenta los derechos y aspiraciones del pueblo saharaui.
La historia del Sáhara Occidental es un recordatorio de que el desarrollo y la modernización no pueden llevarse a cabo a expensas de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. La construcción del cable submarino es solo un capítulo más en una narrativa que ha estado marcada por la lucha por la justicia y la dignidad de los saharauis. A medida que se avanza en este proyecto, será crucial que se escuchen y respeten las voces de aquellos que han sido históricamente marginados en este proceso.
