La reciente adjudicación de contratos por más de 12,3 millones de euros a Huawei para suministrar servidores y servicios de consultoría al Ministerio del Interior español ha generado una fuerte reacción en Washington. El Gobierno de Estados Unidos ha emitido un ultimátum al ejecutivo de Pedro Sánchez, exigiendo la ruptura de toda relación comercial con el proveedor tecnológico chino antes de que finalice el mes. De no cumplir con esta demanda, se limitará el intercambio de información clasificada, un aspecto crucial para la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, ha iniciado una investigación formal sobre los contratos de Huawei, señalando posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos. En una carta dirigida a las autoridades españolas, Gabbard advirtió que, si los contratos se mantienen, se producirá una notable limitación en el flujo de inteligencia compartida, lo que afectaría la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Esta investigación se centra en los riesgos que estos contratos representan para los activos, métodos y fuentes de inteligencia estadounidenses, así como en la fortaleza de los protocolos de intercambio de información dentro de la OTAN.
La preocupación principal radica en que Huawei, al estar legalmente vinculada al Partido Comunista Chino, podría verse obligada a entregar cualquier dato almacenado a Pekín, según las leyes de Inteligencia Nacional y de Seguridad de Datos de China. Un boletín de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China ha señalado que parte de las escuchas judiciales podrían acabar almacenadas en el sistema gestionado por Huawei si España continúa con esta relación contractual. Esto ha generado desconfianza sobre la protección de información sensible, no solo para Estados Unidos, sino también para toda la Unión Europea, dado el intercambio de inteligencia entre sus miembros.
La presión desde Estados Unidos hacia España se ha intensificado tras una carta enviada por Tom Cotton y Rick Crawford, presidentes de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. En ella, reclaman una revisión inmediata de la cooperación con España, advirtiendo sobre el riesgo que supone para la seguridad occidental la adjudicación de contratos a Huawei. El portavoz del senador Cotton ha expresado su apoyo a la investigación y ha instado al Gobierno español a cambiar de rumbo y revocar el contrato con Huawei antes de que sea demasiado tarde.
A pesar de la presión internacional, el Gobierno español ha decidido mantener su relación con Huawei, argumentando que la oferta de la empresa china fue la más asequible y que la legalidad vigente le obliga a aceptarla. Sin embargo, la falta de cláusulas específicas de seguridad en el pliego de condiciones ha suscitado dudas sobre el nivel de protección de la información delicada. Desde Estados Unidos se ha enfatizado que, hasta que España no se alinee con la política de exclusión de proveedores de alto riesgo, cualquier información compartida con el Gobierno español deberá ser redactada para eliminar los detalles que no deban ser compartidos con el Partido Comunista Chino.
La situación se complica aún más por el hecho de que, mientras otros países europeos han excluido a Huawei del núcleo de sus redes 5G, el Gobierno español ha optado por abrir la puerta a la empresa china para el almacenamiento de escuchas judiciales, que son consideradas de alta sensibilidad estratégica. Esta decisión ha generado desconcierto entre los aliados de la OTAN y la UE, quienes cuestionan por qué España ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de estado.
La estrategia del Gobierno español de atraer inversión china en sectores como vehículos eléctricos y energías renovables ha llevado a una postura más suave frente a China en comparación con otros socios europeos. Sin embargo, esta relación ha sido criticada, ya que se considera que puede comprometer la seguridad nacional y la confianza en el intercambio de información entre aliados. La reciente visita del presidente del Gobierno español a Pekín para reforzar la relación bilateral ha incrementado aún más las dudas sobre la postura de España en este asunto.
En resumen, la relación entre España y Huawei ha generado un conflicto significativo con Estados Unidos, que podría tener repercusiones en la cooperación en materia de seguridad. La presión internacional y las preocupaciones sobre la protección de datos sensibles están llevando al Gobierno español a una encrucijada, donde deberá decidir entre mantener relaciones comerciales con un proveedor cuestionado y asegurar la confianza de sus aliados en la lucha contra amenazas globales.
