Un atentado con explosivos en las cercanías de una base militar en Cali, Colombia, ha dejado un saldo trágico de al menos seis muertos y 76 heridos, entre los cuales se encuentran ocho menores y tres adultos mayores. Este ataque, que ocurrió el pasado jueves alrededor de las 14:50 horas, ha generado una ola de preocupación y ha puesto de manifiesto la creciente violencia relacionada con el narcotráfico en el país.
La Alcaldía de Cali ha sido la encargada de confirmar la cifra de víctimas, destacando que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico. En respuesta a esta situación, el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, ha tomado medidas drásticas, ordenando la militarización de la localidad y ofreciendo una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque, que se llevó a cabo mediante un coche bomba cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha estado en el centro de la crisis, participando en un consejo de seguridad de urgencia en Cali, donde se han reunido autoridades locales y militares. Durante este encuentro, Petro anunció la detención de un miembro del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las FARC, que se sospecha estuvo involucrado en el atentado. La Fiscalía también ha puesto a disposición de las autoridades a dos hombres en relación con el ataque.
A pesar de la gravedad de la situación, Petro ha decidido no decretar el estado de conmoción en el país, argumentando que el gobierno ya cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la amenaza. En sus declaraciones, el presidente ha calificado el ataque como una «reacción terrorista» a las recientes derrotas que el Ejército colombiano ha infligido a la columna Carlos Patiño en la región del Micaí. Según Petro, estas derrotas han resultado en la recuperación de más de 250.000 municiones y la incautación de cinco casas llenas de explosivos, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno.
El presidente ha lamentado el impacto del ataque en la población civil, describiéndolo como «profundo, brutal y de terror». Además, ha anunciado la extensión de la presencia militar en otras poblaciones cercanas, como Suárez, Buenos Aires y Jamundí, en un esfuerzo por contener la violencia y proteger a los ciudadanos. En sus declaraciones, Petro ha enfatizado que el país se enfrenta a una mafia internacional, compuesta por bandas armadas que no solo representan un desafío político, sino que también explotan la debilidad social de la región.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha recordado que las autoridades colombianas están ofreciendo recompensas significativas por la captura de líderes de estas bandas, como «Marlon» y «Kevin», quienes son considerados responsables del ataque en Cali. La recompensa por Marlon asciende a 3.300 millones de pesos (650 euros), mientras que por Kevin es de 1.650 millones de pesos (350 euros).
La situación en Cali es un reflejo de la compleja realidad que enfrenta Colombia en su lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada. Este atentado no solo ha dejado un saldo trágico de víctimas, sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad y protección de la población civil. La respuesta del gobierno, que incluye la militarización de áreas afectadas y la búsqueda activa de los responsables, es un intento por recuperar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos en un contexto de creciente violencia.
La comunidad internacional observa con atención los acontecimientos en Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico y la violencia sigue siendo un desafío constante. La respuesta del gobierno y las medidas adoptadas en respuesta a este ataque serán cruciales para determinar el futuro de la seguridad en la región y la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país. La situación en Cali es un recordatorio de que la paz y la seguridad son frágiles y requieren un compromiso continuo por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
