El verano de 2025 ha sido testigo de una serie de incendios devastadores en España, lo que ha llevado a la Fiscalía a intensificar su labor en la supervisión de los planes de prevención de incendios. La falta de estos planes, o su aplicación inadecuada, ha sido identificada como un factor clave en la magnitud de los fuegos que han asolado diversas regiones del país. La Fiscalía de Medio Ambiente ha comenzado a investigar si la ausencia de protocolos adecuados ha contribuido a agravar la situación, y ha advertido sobre la posibilidad de atribuir responsabilidades penales a las administraciones que no cumplan con sus obligaciones en este ámbito.
La situación actual ha puesto de relieve la necesidad urgente de revisar y reforzar las normativas existentes en materia de prevención de incendios. En este contexto, la Fiscalía ha instado a sus fiscales a comprobar la existencia de planes de prevención en los municipios más afectados por los incendios, especialmente en aquellos donde la probabilidad de que se produzcan fuegos es alta. El objetivo es determinar si la falta de estos planes ha tenido un impacto negativo en la propagación de los incendios.
### La Responsabilidad de las Administraciones en la Prevención de Incendios
Las comunidades autónomas (CCAA) y los ayuntamientos tienen la responsabilidad de elaborar y aplicar planes de prevención de incendios. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas administraciones no cuentan con protocolos adecuados, lo que ha llevado a la Fiscalía a cuestionar la eficacia de las leyes autonómicas en este sentido. En algunas regiones, como Galicia y Madrid, la falta de planes de prevención no está tipificada como una infracción, lo que dificulta la posibilidad de sancionar a las administraciones incumplidoras.
Por otro lado, la Ley de Montes de 2003 establece que corresponde a la Administración General del Estado establecer directrices comunes sobre la formación en materia de extinción y prevención de incendios. Esto implica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe colaborar con las CCAA para fijar criterios comunes que guíen la elaboración de los planes autonómicos. Sin embargo, la falta de coordinación y la escasez de recursos destinados a la prevención de incendios han sido señaladas como factores que agravan la situación.
La Fiscalía ha señalado que, en caso de que se determine que la ausencia de planes de prevención ha contribuido a la gravedad de los incendios, se podrían exigir responsabilidades penales a aquellos responsables de no haber cumplido con su obligación de elaborar estos planes. Esto podría incluir desde multas hasta indemnizaciones por daños causados por los incendios.
### Desafíos Legales y Normativos en la Lucha contra los Incendios
Uno de los principales desafíos que enfrenta la Fiscalía es la dificultad de encuadrar la falta de planes de prevención en un tipo penal específico. Aunque se ha sugerido que podría considerarse como prevaricación por omisión o como un delito contra el medio ambiente, la realidad es que las leyes actuales no ofrecen un marco claro para sancionar estas infracciones. Esto ha llevado a expertos en derecho administrativo a cuestionar la viabilidad de imputar responsabilidades penales en estos casos.
La falta de una legislación clara y específica sobre la obligación de contar con planes de prevención de incendios ha llevado a una situación en la que muchas administraciones pueden eludir su responsabilidad. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde los incendios forestales se han vuelto más frecuentes y devastadores debido al cambio climático y a la falta de recursos para la prevención y extinción de fuegos.
Además, la escasa inversión pública en la prevención de incendios en comparación con la media de la Unión Europea ha sido un tema recurrente en el debate sobre la gestión de los recursos destinados a la protección del medio ambiente. La falta de financiación adecuada para la elaboración y aplicación de planes de prevención ha llevado a una situación en la que muchas administraciones no pueden cumplir con sus obligaciones legales.
La Fiscalía ha dejado claro que su intención es garantizar que las administraciones cumplan con sus responsabilidades en materia de prevención de incendios. Esto incluye no solo la elaboración de planes, sino también su correcta implementación y seguimiento. La falta de acción en este sentido podría tener consecuencias graves, tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las comunidades afectadas por los incendios.
En resumen, la situación actual en España en relación con la prevención de incendios es crítica. La Fiscalía ha tomado medidas para abordar la falta de planes de prevención y ha instado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones legales. Sin embargo, la falta de un marco normativo claro y la escasez de recursos siguen siendo obstáculos importantes en la lucha contra los incendios forestales. La colaboración entre las distintas administraciones y la inversión en la prevención son esenciales para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
