En un contexto donde la inmigración se ha convertido en un tema central en la política española, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar la situación de medio millón de personas extranjeras ha cobrado relevancia. Esta propuesta, respaldada por más de 600,000 firmas, está en el centro de las conversaciones entre el Gobierno y sus socios, con la esperanza de que se apruebe antes del verano. La ILP no solo pretende ofrecer un permiso de residencia y trabajo a quienes cumplan ciertos requisitos, sino que también busca corregir las deficiencias que el nuevo Reglamento de Extranjería podría generar para los solicitantes de asilo.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha mantenido reuniones con diferentes grupos parlamentarios para discutir los requisitos que deben cumplir los migrantes que deseen acogerse a esta regularización. Entre los criterios propuestos se incluye la necesidad de demostrar una residencia mínima de un año en España, la ausencia de antecedentes penales y la no existencia de órdenes de retorno. Además, la ILP plantea la posibilidad de otorgar un permiso de residencia y trabajo por un año sin necesidad de un contrato previo, lo que podría facilitar la integración de muchos migrantes en la sociedad española.
### La Reacción de los Partidos Políticos
La ILP ha generado diversas reacciones entre los partidos políticos. Formaciones como Sumar, ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos han mostrado su apoyo a una regularización amplia que incluya a la mayoría de las personas en situación irregular. Sin embargo, otros partidos como Junts, PNV y PP han expresado la necesidad de establecer condiciones más estrictas, lo que ha llevado a un debate intenso sobre cómo proceder.
Desde Sumar, se celebra que el PSOE, su socio en el Gobierno, esté impulsando esta iniciativa, aunque aún no se ha recibido el texto completo para su análisis. Vicenç Vidal, portavoz de inmigración de Sumar, ha enfatizado la importancia de que los criterios sean accesibles para que más personas puedan beneficiarse de la regularización. Este tipo de iniciativas no son nuevas en España; desde 1985, ha habido múltiples intentos de regularizar a ciudadanos extranjeros en situación irregular, lo que refleja una necesidad persistente de abordar la economía sumergida.
Por otro lado, la presión de organizaciones sociales y movimientos como Regularización Ya ha sido crucial para mantener el tema en la agenda política. Estas organizaciones han expresado su alivio ante los requisitos propuestos por el PSOE, aunque insisten en que la ILP no debe ser vista como un simple parche a la reforma del Reglamento de Extranjería. La preocupación radica en que esta reforma podría dejar a muchos solicitantes de asilo en una situación aún más precaria, ya que el tiempo de espera para obtener una autorización podría extenderse considerablemente.
### El Contexto del Nuevo Reglamento de Extranjería
El nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, ha sido objeto de críticas por su potencial impacto negativo en los solicitantes de asilo. Según las organizaciones sociales, aquellos que ven denegada su solicitud de asilo tendrán que esperar dos años adicionales para poder solicitar una autorización por arraigo, ya que no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo. Esta situación ha llevado a muchos a abogar por la ILP como una solución necesaria para mitigar los efectos adversos de la reforma.
El Gobierno ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios para tramitar la ILP antes del verano. La esperanza es que el PP, bajo la presión de la Iglesia y de la patronal empresarial, que ven la regularización como una solución a la falta de mano de obra, finalmente se abstenga en la votación. Desde ERC, se ha expresado un optimismo renovado respecto a la posibilidad de que esta regularización se lleve a cabo, mientras que Podemos ha instado al Gobierno a actuar rápidamente, sugiriendo que no es necesaria una tramitación parlamentaria para aprobar la regularización, sino que podría hacerse mediante un real decreto en el Consejo de Ministros.
La situación actual en España refleja un momento crucial en la política de inmigración, donde la regularización de migrantes se presenta no solo como una cuestión de derechos humanos, sino también como una necesidad económica. La ILP podría ser un paso significativo hacia la inclusión de cientos de miles de personas en la sociedad española, permitiéndoles contribuir plenamente al país y mejorar su calidad de vida.
