En la capital española, la tensión entre los taxistas y los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha alcanzado niveles críticos. Este conflicto no solo afecta la competitividad del sector del transporte urbano, sino que también pone en riesgo la seguridad vial y la calidad del servicio público. La Asociación Plataforma Caracol, que representa a los taxistas madrileños, ha denunciado el uso indebido del carril bus-taxi por parte de los VTC, una práctica que infringe las normativas de tráfico y que, según ellos, ha sido ignorada por las autoridades locales.
### Denuncias y Prácticas Ilegales
Desde 2022, los taxistas han presentado más de 18,000 denuncias relacionadas con el uso indebido del carril bus-taxi por parte de los VTC. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ha sido escasa, ya que ninguna de estas denuncias ha sido tramitada. La Plataforma Caracol ha argumentado que esta situación no solo afecta a los taxistas, sino que también perjudica a los ciudadanos que dependen de un transporte público eficiente y seguro.
Los taxistas han observado que los VTC no solo utilizan el carril bus-taxi para circular, sino que también realizan paradas para recoger pasajeros, especialmente en áreas céntricas de Madrid. Esta práctica ha sido documentada en un informe que destaca cómo los conductores de VTC son conscientes de la ilegalidad de sus acciones, pero las asumen debido a la falta de alternativas viables para detenerse de manera adecuada. La normativa establece que el uso de estos carriles está reservado exclusivamente para autobuses y taxis, y en ocasiones excepcionales, para vehículos de emergencia.
Para fortalecer su caso, la Asociación Plataforma Caracol ha decidido contratar a detectives privados que recopilen pruebas sobre las infracciones cometidas por los VTC. Estos detectives han documentado cómo algunos conductores utilizan el carril bus-taxi no solo para recoger pasajeros, sino también para esperar a los mismos, lo que les permite fijar tarifas fuera de los precios regulados. Esta situación ha generado un clima de impunidad entre los conductores de VTC, quienes rara vez enfrentan sanciones por sus infracciones.
### Respuesta del Ayuntamiento y Control Policial
La falta de acción por parte del Ayuntamiento ha sido objeto de críticas por parte de los taxistas. La Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación ha argumentado que no puede proporcionar información detallada sobre el estado de las denuncias, ya que la normativa actual no reconoce a los denunciantes como “interesados” en los procedimientos sancionadores. Esta falta de transparencia ha llevado a la Asociación Plataforma Caracol a acusar al Ayuntamiento de inacción ante las miles de denuncias presentadas.
La Policía Municipal, encargada de supervisar el uso correcto de los carriles bus-taxi, también ha sido criticada por su inactividad. A pesar de que se registraron más de 1,000 denuncias por circulación indebida en estos carriles durante 2023 y 2024, la Policía ha admitido que no tiene la capacidad para identificar el tipo de vehículo infractor. Esto ha contribuido a la percepción de que los VTC operan con impunidad, ya que los taxistas afirman que rara vez son sancionados por sus infracciones.
El Jefe de la Comisaría General ha defendido que los agentes realizan labores de vigilancia y control del tráfico, pero los taxistas argumentan que en muchas ocasiones se toleran las infracciones para evitar problemas de movilidad. Esta situación ha llevado a que algunos conductores de VTC utilicen el carril bus-taxi durante períodos prolongados, lo que agrava aún más el conflicto.
La intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha añadido un nuevo elemento a esta problemática. Gabilondo ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que refuerce la vigilancia sobre el uso de los carriles bus-taxi, asegurando que todos los vehículos cumplan con la normativa. Esta recomendación busca garantizar que el transporte urbano se mantenga eficiente y dentro de los límites legales establecidos.
El conflicto entre taxistas y VTC en Madrid no solo es un problema de competencia económica, sino que también plantea serias cuestiones sobre la regulación del transporte urbano y la seguridad vial. La falta de acción por parte de las autoridades y la percepción de impunidad entre los VTC han llevado a una situación insostenible que requiere atención urgente para asegurar un servicio de transporte justo y seguro para todos los ciudadanos.
