En los últimos años, la relación entre España y la empresa tecnológica china Huawei ha estado marcada por una serie de decisiones contradictorias que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. A medida que el Gobierno de Pedro Sánchez navega por este complejo panorama, surgen interrogantes sobre la seguridad de los dispositivos de Huawei y su impacto en la política de ciberseguridad del país.
La controversia comenzó en 2019, cuando el Ministerio de Defensa español, bajo la dirección de Margarita Robles, emitió una orden que prohibía el uso de dispositivos Huawei en las redes y sistemas de información del ministerio. Esta decisión se tomó en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China, donde Huawei fue señalado como un posible riesgo de espionaje. La orden establecía la «desconexión inmediata» de cualquier dispositivo de la marca que tuviera acceso a las redes corporativas, lo que reflejaba una postura clara sobre la seguridad nacional en ese momento.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. En 2025, el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, adjudicó un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei para mantener el sistema OceanStor 6800 V5, utilizado para almacenar escuchas telefónicas autorizadas por la justicia. Esta decisión ha desatado una nueva polémica, ya que contradice las advertencias previas sobre la seguridad de los dispositivos de la empresa china.
### La Inconsistencia en la Política de Ciberseguridad
La contradicción en la política de ciberseguridad española es evidente. Mientras que en 2019 se consideraba que los dispositivos Huawei representaban un riesgo para la seguridad nacional, en 2025 se les confía la custodia de datos extremadamente sensibles, como las interceptaciones judiciales. Esta inconsistencia ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de sus sistemas de información.
La decisión del Ministerio del Interior ha provocado reacciones inmediatas en Estados Unidos, donde los presidentes de los comités de Inteligencia del Congreso y el Senado han solicitado una revisión de los acuerdos de intercambio de información con España. La preocupación radica en que datos sensibles podrían caer en manos del Partido Comunista Chino, lo que podría comprometer la seguridad nacional de España y sus aliados.
Desde el Ministerio del Interior, se ha defendido que la contratación de Huawei no implica ningún riesgo para la seguridad y que se han cumplido los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad. Sin embargo, la falta de una contraorden que derogue la instrucción de 2019 plantea dudas sobre la coherencia de esta postura.
### Reacciones Políticas y la Presión del PP
La adjudicación del contrato a Huawei ha desencadenado una ofensiva parlamentaria por parte del Partido Popular (PP), que ha exigido explicaciones al Gobierno. Los populares han solicitado la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia en el Congreso y el Senado, argumentando que se trata de una decisión alarmante que pone en riesgo la seguridad nacional.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido que «España no puede permitirse jugar con fuego» y ha exigido la remisión íntegra del expediente de contratación y todos los informes de ciberseguridad que respaldaron la elección de Huawei. Esta presión política refleja la creciente preocupación sobre la dirección que está tomando la política de ciberseguridad en España y la necesidad de una mayor transparencia en las decisiones del Gobierno.
La situación actual también plantea interrogantes sobre la influencia de figuras políticas en la adjudicación de contratos a empresas como Huawei. Recientemente, se ha especulado sobre si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algún papel en la decisión de adjudicar contratos a la empresa china, lo que ha añadido una capa adicional de complejidad a la controversia.
### La Reacción Internacional y las Advertencias de Bruselas
A nivel internacional, la reacción ante la decisión del Gobierno español ha sido contundente. Bruselas ha expresado su «máxima preocupación» por la adjudicación del contrato a Huawei, recordando que la Unión Europea considera a la empresa china un proveedor de «alto riesgo». Esta advertencia resalta la necesidad de que los países miembros de la UE mantengan una postura unificada en cuestiones de seguridad y ciberseguridad, especialmente en un contexto global donde las amenazas son cada vez más sofisticadas.
La controversia en torno a Huawei también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el espionaje y la protección de datos sensibles. A medida que las tensiones entre Estados Unidos y China continúan creciendo, es esencial que los países europeos evalúen cuidadosamente sus relaciones con empresas tecnológicas que operan en un entorno de riesgo elevado.
### Reflexiones sobre el Futuro de la Ciberseguridad en España
La situación actual en España plantea importantes reflexiones sobre el futuro de la ciberseguridad en el país. La inconsistencia en la política hacia Huawei y la falta de una estrategia clara para abordar los riesgos asociados con la tecnología china son preocupantes. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, la seguridad de los sistemas de información y la protección de datos sensibles deben ser una prioridad para el Gobierno español.
Es fundamental que se establezcan protocolos claros y coherentes que guíen las decisiones sobre la contratación de empresas tecnológicas, especialmente aquellas que operan en sectores críticos como la defensa y la seguridad nacional. La transparencia en estos procesos es esencial para mantener la confianza del público y garantizar que se tomen decisiones informadas y responsables.
La controversia en torno a Huawei es un recordatorio de que la ciberseguridad no es solo un asunto técnico, sino también un tema político que requiere un enfoque integral y colaborativo. A medida que España avanza en su estrategia de ciberseguridad, será crucial que se tomen en cuenta las lecciones aprendidas de situaciones pasadas y se establezcan medidas proactivas para proteger la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos.
