En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en España, el Gobierno ha decidido indemnizar al Partido Nacionalista Vasco (PNV) con 3,78 millones de euros por la supuesta pérdida de dos inmuebles en Francia que, según informes, nunca existieron. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la legalidad de las acciones del Ejecutivo, especialmente en un contexto donde la confianza pública en las instituciones está en juego.
La controversia comenzó cuando el Ministerio de Memoria Democrática emitió una orden el 21 de enero de 2025, autorizando el pago a pesar de que el Congreso de los Diputados había rechazado previamente la norma que justificaba esta compensación. La orden fue firmada por el ministro Ángel Víctor Torres, y se basó en el Real Decreto-ley 9/2024, que pretendía establecer medidas urgentes en materia económica y social. Sin embargo, la rapidez con la que se tramitó esta operación ha levantado sospechas sobre su legitimidad.
### Contexto Histórico y Legal
El trasfondo de esta indemnización se remonta a la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. Según la Ley de Memoria Democrática, se prevé la restitución o compensación de bienes que fueron incautados durante esos años. El PNV argumenta que los inmuebles en cuestión, ubicados en Noyon y Compans, fueron adquiridos por una sociedad que actuaba como testaferro, lo que complicaría la propiedad real de los mismos. Sin embargo, informes jurídicos previos han indicado que el PNV no pudo demostrar la titularidad de estos bienes, que en realidad pertenecieron al Gobierno vasco en el exilio.
La situación se complica aún más al considerar que los edificios en cuestión han sido demolidos y que los solares donde estaban ubicados no pertenecen al Estado español. Esto plantea serias dudas sobre la validez de la indemnización, ya que el Gobierno estaría pagando por propiedades que no existen y que, además, no son de su propiedad.
La rapidez con la que se realizó la tasación de los inmuebles, que se llevó a cabo en menos de tres semanas y durante el periodo navideño, ha sido objeto de críticas. La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA) fue la encargada de valorar estos inmuebles, y el resultado de su tasación elevó el precio a casi cuatro millones de euros, una cifra que muchos consideran difícil de justificar dada la situación actual de los terrenos en Francia.
### Reacciones y Consecuencias
La decisión del Gobierno ha suscitado una fuerte reacción por parte de la oposición y de diversas organizaciones civiles. La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano ha exigido la publicación de los informes de valoración y las órdenes de pago, argumentando que si las transferencias se realizaron después del 22 de enero, cuando ya no había base legal, estaríamos ante una cesión de dinero público sin cobertura jurídica. Esta situación podría tener repercusiones legales significativas para el Gobierno, que se enfrenta a un creciente escrutinio por su manejo de los fondos públicos.
El hecho de que el PNV haya recibido una compensación por propiedades que no puede demostrar que le pertenecieron plantea preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. Además, la decisión de indemnizar al PNV ha sido vista como un intento del Gobierno de mantener el apoyo de este partido en un momento en que su estabilidad política es crucial.
La situación se complica aún más con la reciente derrota parlamentaria del Gobierno, que se produjo cuando Junts votó en contra de la norma que incluía la indemnización al PNV. Esta derrota ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Gobierno para gobernar de manera efectiva y a plantear dudas sobre su futuro político.
En medio de este clima de incertidumbre, el Gobierno ha intentado justificar su decisión, argumentando que se trata de una medida necesaria para reparar injusticias históricas. Sin embargo, la falta de claridad sobre la propiedad real de los inmuebles y la rapidez con la que se ha tramitado la indemnización han dejado a muchos escépticos sobre la legitimidad de esta acción.
La controversia en torno a la indemnización al PNV es un recordatorio de la complejidad de la política española y de cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden tener repercusiones significativas en el presente. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo el Gobierno maneja esta crisis y qué medidas tomará para restaurar la confianza pública en sus acciones.
