La crisis migratoria en Canarias ha cobrado una nueva dimensión en las últimas semanas, con un aumento significativo en la llegada de migrantes irregulares y un foco particular en la situación de los menores no acompañados. Este fenómeno ha llevado a un enfrentamiento entre el Gobierno español y las autoridades canarias, así como a una creciente presión desde la Unión Europea para que se tomen medidas efectivas.
La situación se ha vuelto crítica, especialmente para los menores extranjeros no acompañados (menas), que se encuentran en condiciones de hacinamiento en los centros de acogida de las islas. Según datos recientes, más de 6,000 menas están bajo la tutela del Estado en Canarias, de los cuales 1,008 han solicitado asilo. El Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno que cumpla con su obligación de hacerse cargo de estos menores, pero hasta ahora, la respuesta ha sido insuficiente.
### La Inspección del Tribunal Supremo y la Respuesta del Gobierno
El Tribunal Supremo ha convocado al abogado del Estado para que explique el incumplimiento de la orden de hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo. Esta vista se llevará a cabo en Madrid y se espera que el Gobierno proporcione información sobre cuántos menores han sido evaluados, qué recursos se han activado y quiénes son los responsables políticos del incumplimiento. La presión es alta, ya que el Supremo ha dado un plazo de diez días para que el Gobierno actúe.
Mientras tanto, una delegación de eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo visitará Canarias para evaluar la situación de los menas. Esta misión se produce en un contexto de creciente preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el archipiélago, donde muchos menores viven en condiciones inadecuadas y carecen de los recursos necesarios para su bienestar.
La visita de los eurodiputados incluye reuniones con autoridades locales y visitas a centros de acogida, donde se espera que se tomen decisiones sobre cómo abordar la crisis. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por su falta de acción y por no solicitar la ayuda necesaria de la Unión Europea, a pesar de que se le han ofrecido recursos adicionales para gestionar la situación.
### Presiones desde la Unión Europea y la Respuesta del Gobierno Español
La Unión Europea ha mostrado su preocupación por el aumento de la inmigración irregular en España, especialmente en Canarias, donde se han registrado cifras récord de llegadas por vía marítima. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha instado al Gobierno español a solicitar más fondos y apoyo de Frontex, la agencia europea de fronteras, para hacer frente a la crisis.
A pesar de las advertencias y la presión de Bruselas, el Gobierno español ha sido acusado de no actuar con la urgencia necesaria. La falta de coordinación y recursos ha llevado a una situación en la que los menores migrantes están desatendidos y en condiciones precarias. Las autoridades canarias han denunciado que el Gobierno central no ha cumplido con sus obligaciones legales y ha ignorado las órdenes del Tribunal Supremo.
Además, la crisis de los menas se ha visto agravada por la falta de un plan claro para su reubicación en otras comunidades autónomas. El decreto del Gobierno que busca repartir a 4,400 menores desde Canarias y Ceuta hacia otras regiones está completamente bloqueado, lo que ha llevado a un estancamiento en la atención a estos jóvenes.
Las autoridades canarias han expresado su frustración, señalando que el Gobierno de Sánchez está utilizando a los menores como una herramienta política, mientras que ellos continúan viviendo en condiciones inadecuadas. La situación es insostenible y requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte del Gobierno español.
La crisis migratoria en Canarias es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta Europa en términos de inmigración y asilo. La falta de una estrategia integral y la incapacidad para gestionar adecuadamente la llegada de migrantes han llevado a una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Las próximas semanas serán cruciales para determinar cómo se abordará esta situación y si el Gobierno español podrá cumplir con sus obligaciones legales y morales hacia los menores migrantes en Canarias.
