La historia de Ana, una mujer italiana residente en Barcelona, ilustra las complicaciones que enfrentan muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España. Tras recibir una notificación en agosto de 2022 que le exigía devolver 7.000 euros por «cobros indebidos», Ana se embarcó en un arduo proceso legal que no solo le ha costado tiempo y energía, sino que también ha puesto de relieve las deficiencias del sistema de la Seguridad Social.
Ana había sido beneficiaria del IMV desde su implementación, una ayuda destinada a prevenir la exclusión social, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, su experiencia ha sido todo menos sencilla. A pesar de cumplir con los requisitos para recibir la ayuda, la administración cometió errores significativos en el cálculo de su prestación. En su caso, el IMV se calculó como si fuera una unidad familiar de una sola persona, ignorando que tenía una hija menor a su cargo.
La situación se complicó aún más cuando, a principios de 2022, Ana solicitó una revisión de su expediente para ajustar la cuantía de la ayuda. En lugar de recibir una respuesta favorable, la Seguridad Social le comunicó que le retirarían la prestación debido a que su hija no contaba con residencia legal en España. A pesar de que la niña tenía un documento de identidad italiano y siempre había estado bajo su custodia, la administración no consideró su situación como víctima de violencia de género, un factor que debería haber sido tenido en cuenta.
La carta que recibió Ana en agosto de 2022 no solo le informaba sobre la suspensión de su prestación, sino que también le exigía la devolución de los 7.000 euros. Esto la llevó a un estado de angustia y desesperación, ya que no solo se sentía injustamente tratada, sino que también se enfrentaba a un embargo de su cuenta bancaria. Ana decidió entonces llevar su caso a los tribunales, un proceso que, aunque doloroso, le permitió finalmente obtener justicia.
A pesar de las dificultades, Ana logró anular la deuda y recuperar las cantidades embargadas, además de recibir la parte que le correspondía por tener una hija a su cargo. Sin embargo, su experiencia no es única. Muchos beneficiarios del IMV han denunciado errores similares, lo que ha llevado a un creciente número de reclamaciones y demandas contra la Seguridad Social.
### Errores Comunes en el Proceso del IMV
Los problemas que enfrentan los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no son aislados. A lo largo de los años, se han documentado numerosos errores administrativos que han afectado a miles de personas. Uno de los errores más comunes es la consideración de ingresos del año anterior, lo que puede resultar en que personas sin ingresos actuales reciban menos de lo que les corresponde. Esto es especialmente problemático en un contexto económico donde las circunstancias pueden cambiar drásticamente en un corto período de tiempo.
Otro error frecuente es la inclusión de hijos mayores que ya no residen con el solicitante como miembros de la unidad de convivencia. Esto altera el umbral de renta y, por ende, el importe final de la ayuda. A pesar de que el padrón esté actualizado, el cruce de datos no siempre se refleja correctamente en el expediente, lo que puede llevar a situaciones de exclusión de la ayuda.
Además, muchos beneficiarios han reportado retenciones retroactivas sin previo aviso ni desglose, lo que les impide presentar alegaciones fundamentadas. Esta falta de transparencia en el proceso ha generado un clima de desconfianza hacia la administración pública, y muchos se sienten desamparados ante un sistema que debería proteger a los más vulnerables.
El Defensor del Pueblo ha intervenido en este asunto, reclamando que los hogares sin recursos no tengan que devolver la prestación cuando se haya percibido de forma indebida, siempre que se acredite la buena fe de los beneficiarios o que el error sea de la administración. Esta intervención es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que el IMV cumpla su objetivo de prevenir la exclusión social.
Desde su implementación en junio de 2020, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de un millón de hogares, con una cuantía media de 508 euros al mes. Sin embargo, la experiencia de Ana y de muchos otros beneficiarios pone de manifiesto que la administración debe mejorar sus procesos y garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, sin obstáculos ni errores que agraven su situación económica.
