La situación de los menores extranjeros no acompañados (menas) en España ha generado un intenso debate en los últimos meses. Con un aumento en la llegada de estos jóvenes a las Islas Canarias, el Gobierno se enfrenta a la presión de cumplir con sus obligaciones legales y garantizar la protección de estos menores. En este contexto, se han presentado diversas dificultades que han complicado el proceso de reubicación y atención de estos jóvenes en el territorio nacional.
**El Proceso de Reubicación y sus Obstáculos**
Desde que el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno español hacerse cargo de los menas solicitantes de asilo, se ha implementado un plan de traslado desde las islas hacia la Península. Sin embargo, la ejecución de este plan ha sido lenta y ha enfrentado múltiples obstáculos. En el último mes, solo 83 de los 1,200 menas han sido trasladados, lo que equivale a un promedio de 20 jóvenes por semana. Esta cifra es alarmantemente baja, considerando que durante las últimas semanas de agosto se sumaron 35 nuevos casos al sistema.
Uno de los principales problemas radica en la falta de recursos y la escasez de personal en el Ministerio de Infancia, lo que ha llevado a retrasos significativos en la búsqueda de entidades colaboradoras y centros de acogida en la Península. La falta de planificación y la demora en la contratación de personal adecuado han contribuido a que muchos menores se encuentren en una situación de incertidumbre, esperando ser reubicados y sin acceso a actividades que les permitan integrarse adecuadamente.
La normativa establece que cada centro de acogida debe limitar su capacidad a un máximo de 20 menores, preferiblemente entre 12 y 15, para garantizar una atención adecuada. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos jóvenes están siendo trasladados a centros donde la atención no es óptima, lo que ha generado descontento entre los menores, quienes han expresado su deseo de permanecer en las islas en lugar de ser trasladados a instalaciones que no cumplen con los estándares requeridos.
**La Respuesta del Gobierno y la Realidad en las Islas**
El Gobierno de Canarias ha levantado la voz en varias ocasiones, denunciando la falta de acción por parte del Gobierno central. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha manifestado su preocupación por la situación actual, señalando que si el Gobierno hubiera asumido sus responsabilidades desde el principio, muchos de los menores ya habrían encontrado un lugar adecuado para vivir y recibir atención.
A pesar de que la llegada de migrantes ha disminuido en comparación con años anteriores, la presión sobre los recursos de las islas sigue siendo alta. En agosto, más de 600 nuevos migrantes llegaron a las costas canarias, lo que ha llevado a un aumento en el número de menas bajo la tutela del Gobierno canario. Actualmente, hay más de 4,600 menores en el sistema, de los cuales un tercio ha solicitado protección internacional debido a situaciones de conflicto o persecución en sus países de origen.
La falta de plazas disponibles en los centros de acogida ha llevado a que algunos menores se queden en la calle una vez alcanzan la mayoría de edad, lo que plantea serias preocupaciones sobre su futuro y bienestar. La situación se complica aún más con la implementación de un nuevo Manual de Atención Humanitaria que deja a los menas desprotegidos al cumplir 18 años, lo que ha sido criticado por diversas organizaciones y defensores de los derechos humanos.
La gestión de los menas en España es un tema complejo que requiere una atención urgente y un enfoque coordinado entre las diferentes administraciones. La falta de recursos, la burocracia y la falta de planificación han llevado a que muchos menores se encuentren en una situación precaria, lo que pone en riesgo su bienestar y su futuro. La presión sobre el Gobierno para abordar estos problemas es cada vez mayor, y la necesidad de soluciones efectivas se vuelve más apremiante a medida que la situación evoluciona.
