En un caso que ha capturado la atención de la opinión pública en España, una mujer ha sido desahuciada de una vivienda que ocupaba sin título legal, propiedad de su nieta. Este conflicto familiar ha recorrido un largo camino judicial, culminando en una decisión del Tribunal Supremo que ha dejado a la abuela sin hogar. La historia comienza en noviembre de 2022, cuando Blanca, la nieta y legítima propietaria del inmueble, presentó una demanda de desahucio por precario contra su abuela Florencia, quien había estado viviendo en la propiedad sin pagar renta ni tener un contrato de arrendamiento. La vivienda, ubicada en Madrid, formaba parte de la herencia que Blanca había aceptado tras la muerte de su madre, Beatriz, quien había permitido a Florencia residir allí.
La demanda de Blanca se basó en la alegación de que su abuela ocupaba el inmueble sin ningún tipo de autorización legal. En su escrito, solicitó que se declarara la ocupación como carente de título y que se ordenara el desahucio de Florencia, quien había estado viviendo en la propiedad sin pagar renta alguna. Sin embargo, Florencia, representada por justicia gratuita, se opuso a la demanda, argumentando que había vivido en el inmueble con el consentimiento de su hija y que esa situación se había mantenido tras su fallecimiento. Aportó como prueba que Blanca había consentido su permanencia, condicionada a que los hijos de Florencia asumieran una parte de los gastos del inmueble, específicamente 250 euros mensuales.
### La Primera Instancia y la Audiencia Provincial
El caso fue inicialmente desestimado por el Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Madrid el 22 de junio de 2023. El juez consideró que el pago de 250 euros por parte de los hijos de Florencia constituía una contraprestación válida, aunque reducida, y que esta modificación convertía la relación en una especie de arrendamiento consentido, aunque no documentado. Para el juzgado, el consentimiento de Blanca a esa fórmula suponía una cesión tácita que desvirtuaba el precario, permitiendo así que Florencia continuara residiendo en la vivienda.
Sin embargo, Blanca no se dio por vencida y recurrió la sentencia, llevando el caso a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid. El 18 de abril de 2024, la audiencia estimó el recurso y revocó la sentencia inicial, fallando a favor de Blanca. Argumentó que la ocupación había sido desde el inicio en precario, que no existía contrato de arrendamiento ni intención de establecerlo, y que los pagos realizados por los hijos de Florencia eran simples ayudas económicas, no rentas pactadas. La Audiencia Provincial también destacó que no había consentimiento para que Florencia permaneciera en la vivienda de por vida.
### La Decisión del Tribunal Supremo
Florencia, tras la decisión de la Audiencia Provincial, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, argumentando que los pagos que había recibido constituían una renta y que, por lo tanto, la relación debía entenderse como un arrendamiento verbal. Citó jurisprudencia del propio Supremo y de diversas audiencias provinciales que habían reconocido contratos verbales de arrendamiento en situaciones familiares. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso en marzo de 2025, concluyendo que no podía prosperar porque se basaba en una reinterpretación de los hechos ya probados en las instancias anteriores, lo cual es inadmisible en casación.
El Alto Tribunal subrayó que la Audiencia Provincial había establecido con claridad que no hubo contrato, renta ni voluntad de arrendar. Además, impuso las costas del recurso a la parte recurrente y decretó la pérdida del depósito constituido para poder recurrir. Con esta decisión, la sentencia del Supremo se convirtió en firme, lo que significa que Florencia deberá abandonar la vivienda sin posibilidad de más recursos legales.
Este caso ha puesto de manifiesto las complejidades legales que pueden surgir en situaciones de desahucio, especialmente cuando se trata de relaciones familiares. La batalla legal que ha durado más de dos años ha dejado a Blanca recuperando el pleno dominio del inmueble, mientras que Florencia se enfrenta a la realidad de perder su hogar. La situación refleja no solo las tensiones familiares que pueden surgir en torno a la propiedad, sino también las implicaciones legales de la ocupación y el desahucio en España, un tema que sigue siendo relevante en el contexto actual de la crisis de vivienda en el país.
