La reciente cumbre de la OTAN ha dejado claro que la defensa y la seguridad son temas prioritarios en la agenda internacional, especialmente en un contexto de creciente inestabilidad global. En este sentido, los 32 países miembros de la Alianza han acordado un compromiso significativo: cada nación deberá destinar el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos de defensa para el año 2035. Sin embargo, este acuerdo ha generado un intenso debate en España, donde el presidente Pedro Sánchez ha manifestado su desacuerdo con esta cifra, argumentando que es incompatible con el bienestar social del país.
**El Contexto del Acuerdo de Defensa**
La situación geopolítica actual, marcada por tensiones en diversas regiones del mundo, ha llevado a la OTAN a revisar sus políticas de defensa. El compromiso del 5% del PIB se presenta como una respuesta a las exigencias de seguridad planteadas por líderes internacionales, incluido el expresidente de EE. UU., Donald Trump, quien ha criticado a España por su bajo gasto en defensa en comparación con otros aliados. En 2024, España solo había destinado un 1,24% de su PIB a este rubro, lo que la convierte en uno de los países con menor inversión en defensa dentro de la Alianza.
Sánchez, en una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, argumentó que alcanzar el 5% sería inviable sin aumentar impuestos a las clases medias o recortar servicios públicos esenciales. En su opinión, este aumento de gasto militar podría llevar a recortes en áreas críticas como la educación y la sanidad, lo que generaría un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos españoles. A pesar de sus objeciones, el presidente español ha acordado cumplir con los objetivos de capacidad de la OTAN, comprometiéndose a un gasto del 2,1% del PIB en defensa durante los próximos cuatro años.
**Las Implicaciones del Acuerdo**
El acuerdo alcanzado en la cumbre de la OTAN ha sido recibido con críticas tanto desde la oposición política como desde sectores de la sociedad civil. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha calificado el acuerdo como una «patada hacia adelante», sugiriendo que Sánchez está comprometiendo el gasto militar sin contar con el respaldo del Congreso. Esta crítica se basa en la percepción de que el presidente está utilizando la política internacional como una distracción de los problemas internos que enfrenta su gobierno.
Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su preocupación por el aumento del gasto militar, argumentando que este podría financiarse a expensas de servicios sociales vitales. Montero ha señalado que la pertenencia a la OTAN implica un riesgo para España, ya que podría obligar al país a participar en conflictos que no son de su interés.
A pesar de las críticas, el gobierno de Sánchez defiende que el acuerdo es un éxito que garantiza la soberanía de España y su papel dentro de la OTAN. En su comparecencia, el presidente enfatizó que el compromiso de gasto militar no solo es necesario para cumplir con las exigencias de la Alianza, sino que también es fundamental para la seguridad de Europa en su conjunto. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo de 5% se mantenga como un objetivo a largo plazo ha suscitado dudas sobre la viabilidad de cumplir con este compromiso en el futuro.
El acuerdo también plantea interrogantes sobre la relación de España con Estados Unidos y otros aliados. La presión de Trump y su administración para que los países de la OTAN aumenten su gasto militar ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre defensa. La postura de Sánchez, que busca una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de gasto, podría ser vista como un intento de equilibrar las demandas externas con las realidades internas del país.
En resumen, el acuerdo de defensa de España con la OTAN representa un punto de inflexión en la política de defensa del país. Mientras que el gobierno busca mantener un equilibrio entre las exigencias internacionales y las necesidades sociales, las críticas de la oposición y de sectores de la sociedad reflejan la complejidad de este desafío. La implementación de este acuerdo y su impacto en la política interna y en la percepción pública de la defensa serán temas clave en los próximos años.
