En España, un alarmante número de sociedades mercantiles se encuentran en una situación de inactividad, lo que ha llevado a que se les denomine «empresas fantasma». Según un reciente estudio de Informa D&B, se estima que hay 517.189 de estas entidades registradas, lo que representa casi una de cada cuatro sociedades oficialmente constituidas en el país. Este fenómeno no solo plantea interrogantes sobre la salud económica del país, sino que también abre la puerta a posibles usos fraudulentos de estas empresas.
La falta de actividad aparente y la ausencia de presentación de cuentas en el Registro Mercantil durante los últimos dos años son las características que definen a estas empresas. A pesar de las sanciones que existen por no cumplir con la obligación de informar sobre su situación financiera, el número de empresas fantasma se mantiene alto y estable, lo que indica que las medidas actuales son insuficientes para abordar este problema.
### Concentración Geográfica de las Empresas Inactivas
El estudio revela que la Comunidad de Madrid es la región con mayor concentración de empresas fantasma, acumulando el 19,18% del total nacional, lo que equivale a 99.185 compañías sin actividad detectable. Le siguen Andalucía y Cataluña, con un 18,47% y un 17,26% respectivamente. Juntas, estas tres comunidades autónomas concentran más de la mitad de todas las sociedades fantasma registradas en España.
Otras regiones como la Comunidad Valenciana y el País Vasco también presentan cifras relevantes, aunque significativamente menores. En contraste, comunidades como La Rioja, Ceuta y Melilla tienen tasas de empresas fantasma que apenas superan el 0,1%. Esta concentración en ciertas áreas sugiere que las sedes sociales de muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, se encuentran en estas comunidades, lo que podría estar relacionado con la facilidad para establecer negocios en estas regiones.
### Sectores Más Afectados y Capital Social
Los sectores donde se encuentran más empresas fantasma son la construcción y las actividades inmobiliarias, que representan el 24,73% del total. El comercio sigue en segundo lugar con un 21,43%, mientras que los servicios empresariales suponen un 13,89%. La industria, por su parte, apenas representa el 6,21% de estas sociedades inactivas. Otros sectores como la hostelería, agricultura, transportes y comunicaciones tienen una presencia mucho menor en este fenómeno.
Un aspecto preocupante es el capital social con el que se constituyen estas empresas. Aproximadamente el 65% de las sociedades fantasma se crearon con menos de 5.000 euros de capital inicial. Esta baja barrera de entrada facilita la creación de empresas sin un respaldo financiero sólido, lo que contribuye a la proliferación de entidades inactivas. La facilidad para establecer empresas con recursos mínimos no solo genera un número elevado de sociedades inactivas, sino que también plantea un riesgo significativo para la economía nacional, ya que estas pueden ser utilizadas como vehículos para actividades fraudulentas.
### Un Problema Estructural Sin Solución
El perfil temporal de estas entidades es diverso, abarcando desde empresas fundadas en el siglo pasado hasta sociedades de reciente creación. Un 44,06% de las empresas fantasma se constituyeron entre 1975 y 2000, mientras que un 19,2% corresponde al periodo de 2011 a 2020. Sorprendentemente, un 7,10% de estas entidades se fundaron entre 2021 y 2025. Este cruce de datos revela que muchas empresas permanecen inactivas o sin regularización formal durante décadas, lo que indica una problemática estructural que ninguna reforma administrativa ha logrado corregir de manera efectiva.
Los autores del informe advierten sobre la necesidad de impulsar la liquidación formal y efectiva de estas sociedades inactivas, en lugar de permitir que persistan sin control administrativo. La falta de un control eficaz sobre las empresas fantasma sitúa a España entre los países con mayor riesgo de uso de sociedades opacas para fines no transparentes. A pesar de las sanciones existentes, el fenómeno de las empresas fantasma sigue siendo un desafío significativo para la economía española, lo que sugiere que es imperativo revisar los procedimientos para forzar la baja o liquidación de estas estructuras vacías.
La situación actual plantea un dilema para las autoridades, que deben encontrar un equilibrio entre fomentar la creación de empresas y garantizar que estas cumplan con sus obligaciones legales. La falta de acción efectiva podría perpetuar un entorno donde las empresas fantasma continúen proliferando, afectando la transparencia y la integridad del sistema económico español.
