La deuda pública en España ha alcanzado niveles alarmantes, situándose en un 103,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, lo que equivale a 1,668 billones de euros. Este crecimiento no solo refleja la situación económica del país, sino que también plantea serias preocupaciones para las comunidades autónomas, que están viendo cómo el gasto en intereses de su deuda se convierte en un componente cada vez más significativo de sus presupuestos. Las proyecciones para el periodo 2025-2028 indican un aumento considerable en este gasto, impulsado por el elevado volumen de deuda acumulada y los cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
### La Evolución del Gasto en Intereses de la Deuda Pública
En 2022, las comunidades autónomas destinaron 3.608 millones de euros al pago de intereses de su deuda, cifra que se disparó a 7.452 millones de euros en 2024. Según las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), este gasto podría alcanzar los 11.789 millones de euros para 2028, lo que representa más del triple de lo que se gastaba al inicio del periodo analizado. Este incremento es consecuencia directa del entorno de tipos de interés elevados, que han pasado del 0% durante ocho años hasta 2022, a un 4,5% entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Esta nueva realidad en los mercados financieros ha llevado a un aumento sistemático de los costes asociados a la deuda pública autonómica, lo que a su vez intensifica su impacto en los presupuestos regionales.
Cataluña se perfila como la comunidad que enfrentará los pagos más altos en intereses, con una proyección de 2.822 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana con 1.926 millones. Madrid y Andalucía también se encuentran entre las comunidades con mayores gastos en este concepto, con 1.585 millones y 1.357 millones, respectivamente. A pesar de que la ratio de deuda sobre el PIB autonómico disminuirá del 23,9% al 19,1% entre 2022 y 2028, gracias al crecimiento del PIB nominal, el tipo medio de la deuda autonómica aumentará del 1,1% al 3,2%, lo que generará una presión financiera estructural sobre las arcas públicas.
### Implicaciones para la Política Económica Regional
Este panorama financiero plantea serios desafíos para la política económica de las comunidades autónomas. Las proyecciones de Fedea, que se basan en supuestos conservadores de déficit moderados y un crecimiento económico sostenido, sugieren que para 2028 la carga de intereses podría triplicarse en comparación con 2022. Esto implica que un porcentaje cada vez mayor de los presupuestos autonómicos se destinará al pago de intereses, lo que limitará el margen disponible para financiar nuevas políticas sociales, educativas o sanitarias.
Ante este escenario, Fedea ha instado a las comunidades autónomas a adoptar un enfoque prudente en sus decisiones fiscales. La necesidad de una estrategia fiscal creíble y sostenida a medio plazo se convierte en un elemento crucial para evitar daños estructurales en las finanzas públicas regionales. La consolidación fiscal y la implementación de medidas que aseguren la sostenibilidad del sistema de financiación autonómica son esenciales para enfrentar los retos que se avecinan.
Las comunidades deben ser conscientes de que el aumento del gasto en intereses no solo afecta su capacidad de inversión, sino que también puede tener repercusiones en la calidad de los servicios públicos que ofrecen a sus ciudadanos. La presión sobre los presupuestos podría llevar a recortes en áreas críticas, lo que a su vez podría afectar el bienestar de la población y la cohesión social.
En resumen, el aumento de la deuda pública y el consiguiente incremento en el gasto en intereses representan un desafío significativo para las comunidades autónomas en España. La combinación de un entorno de tipos de interés elevados y un volumen de deuda creciente exige una revisión exhaustiva de las políticas fiscales y económicas, así como un compromiso firme con la sostenibilidad financiera a largo plazo. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán cruciales para determinar la salud económica de las regiones y su capacidad para atender las necesidades de sus ciudadanos.
