En un contexto político marcado por la tensión y la búsqueda de consensos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado una propuesta para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Sin embargo, esta iniciativa ha sido recibida con escepticismo y resistencia por parte de varios Estados miembros, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad y los posibles efectos en la política lingüística de la UE.
La propuesta del Gobierno español sugiere que el catalán, junto con el gallego y el euskera, obtenga un estatus de segunda división dentro del marco lingüístico de la UE. Esto significa que, aunque se incluiría en el reglamento sobre el régimen lingüístico, no tendría la misma consideración que las 24 lenguas oficiales actuales. En concreto, solo se traducirían al catalán de forma obligatoria el 2,6% de los actos jurídicos comunitarios, lo que limita significativamente su uso en las instituciones europeas. Además, no se prevé que se utilice en los plenos del Parlamento Europeo ni que se edite una versión catalana del Diario Oficial de la UE.
### Implicaciones Financieras y Políticas
Uno de los aspectos más controvertidos de esta propuesta es la carga financiera que recaerá sobre España. El Gobierno ha asumido el compromiso de cubrir todos los costes asociados al reconocimiento del catalán, que se estima en aproximadamente 132 millones de euros anuales. Esta decisión ha suscitado críticas, ya que otros idiomas oficiales son financiados por el presupuesto de la UE. La falta de un análisis exhaustivo sobre las implicaciones legales y operativas de este reconocimiento ha llevado a que varios Estados miembros se muestren reticentes a apoyar la iniciativa.
Además, la propuesta de Sánchez se presenta en un momento en que la presión política es intensa. Carles Puigdemont, líder independentista catalán, ha condicionado su apoyo al Gobierno a la consecución de este reconocimiento. Esto ha llevado a Sánchez a utilizar todo su capital político en Bruselas, buscando convencer a los demás Estados miembros de la necesidad de avanzar en este tema. Sin embargo, la unanimidad requerida para aprobar la oficialidad del catalán se ha convertido en un obstáculo significativo, ya que varios países han expresado sus dudas sobre el encaje legal y operativo de la propuesta.
### La Resistencia de los Estados Miembros
A pesar de las concesiones ofrecidas por el Gobierno español, muchos Estados miembros siguen siendo escépticos. La preocupación por el precedente que podría establecer el reconocimiento del catalán ha llevado a que países como los bálticos y Chipre se opongan a la iniciativa. Estos Estados temen que la oficialidad del catalán pueda abrir la puerta a demandas similares por parte de otras lenguas minoritarias, lo que complicaría aún más la política lingüística de la UE.
La propuesta de Sánchez incluye garantías de que el caso del catalán no servirá como precedente para otras lenguas, lo que ha sido un punto clave en las negociaciones. Sin embargo, la falta de un consenso claro y la resistencia de algunos Estados han llevado a que la situación se mantenga en un estado de incertidumbre. La próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, programada para el 27 de mayo, se presenta como un momento crucial para la propuesta, aunque muchos analistas creen que es probable que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, decida retirar el punto de la agenda para evitar un rechazo contundente.
En este contexto, el futuro del catalán en la UE sigue siendo incierto. La propuesta de reconocimiento, aunque representa un avance en la lucha por la oficialidad de las lenguas regionales, está lejos de ser la solución definitiva que muchos esperaban. La presión política, las implicaciones financieras y la resistencia de otros Estados miembros son factores que complican la situación y que podrían llevar a que el reconocimiento del catalán se convierta en un tema recurrente en la agenda política europea en los próximos años.
