La llegada del correo se ha convertido en un verdadero tormento para muchas familias en España, especialmente para aquellas que dependen del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este programa, diseñado para prevenir el riesgo de pobreza, ha generado situaciones inesperadas y angustiosas para sus beneficiarios. Un caso emblemático es el de Cristina Martín, una madre divorciada con dos hijos que, tras recibir esta ayuda durante un año y medio, se enfrenta ahora a la exigencia de devolver más de 12.000 euros por supuestos «cobros indebidos».
### La Trampa del IMV: Un Apoyo que se Convierte en Deuda
Cristina, quien había estado recibiendo una prestación de 600 euros anuales por sus hijos, fue informada por la Seguridad Social que a partir de junio de 2020 le correspondía el IMV, que ascendía a 740 euros mensuales. Esta noticia fue un alivio en medio de su precaria situación económica. Sin embargo, la alegría se tornó en pesadilla cuando, meses después, recibió una carta reclamándole la devolución de la suma total que había percibido.
«Nunca he ocultado nada. Ellos me concedieron esa ayuda sin que yo la solicitara, así que asumí que habían corroborado mis datos con Hacienda», expresa Cristina, quien se siente traicionada por el sistema que debería protegerla. La situación se volvió tan angustiante que llegó a pensar que era víctima de una estafa, ya que nunca recibió una llamada para revisar su expediente y toda la comunicación fue a través de cartas. Esto ha desencadenado en ella problemas de ansiedad y depresión, convirtiendo la llegada del correo en un evento temido.
La historia de Cristina no es un caso aislado. Muchas personas que han recibido el IMV se encuentran en situaciones similares, enfrentando reclamaciones de deudas que no comprenden. La falta de claridad en la comunicación de la Administración y la complejidad del sistema han llevado a que muchos beneficiarios se sientan desamparados y confundidos.
### La Lucha Judicial y la Injusticia Administrativa
Al no poder afrontar la deuda, Cristina decidió llevar su caso a los tribunales. En febrero de este año, se celebró el juicio y ella espera una sentencia favorable, apoyada en la doctrina Cakarevic, que establece que si el error proviene de la Administración y el beneficiario actuó de buena fe, no se le puede exigir la devolución de la ayuda. Durante el proceso, la Seguridad Social redujo la cantidad de la deuda en 1.000 euros, pero aún así, Cristina se siente atrapada en un sistema que no parece tener en cuenta su situación real.
La Tesorería General de la Seguridad Social le ofreció un fraccionamiento de la deuda, permitiéndole pagar en 60 cuotas de 211 euros al mes. Sin embargo, Cristina señala que el cálculo de la cuota se realizó sobre la cantidad original, sin considerar la reducción posterior. Esto ha llevado a que, al recibir el primer recibo, decidiera devolverlo, ya que no puede permitirse pagar una suma que considera injusta.
La situación se complica aún más cuando el banco pasó el recibo de la deuda a la cuenta de su hijo mayor, quien ahora se convierte en un deudor pasivo. Esta situación ha generado indignación entre muchos beneficiarios del IMV, quienes argumentan que la deuda debería ser asumida únicamente por el titular de la ayuda y no por otros miembros de la unidad familiar.
La plataforma de afectados por el IMV ha denunciado en múltiples ocasiones las injusticias que enfrentan, criticando la falta de coordinación entre las administraciones y la ineficacia en los cálculos de ingresos. La lentitud de los procesos y el silencio administrativo han exacerbado la angustia de quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables.
Desde su implementación en junio de 2020, el IMV ha llegado a más de 700.000 hogares, pero las reclamaciones de deudas han generado un clima de desconfianza y desesperación. El Defensor del Pueblo ha instado a que aquellos hogares sin recursos no tengan que devolver la prestación cuando se haya percibido de forma indebida, siempre que se acredite la buena fe del beneficiario.
La Seguridad Social ha reclamado deudas por un total de 500 millones de euros desde la puesta en marcha del IMV, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. La situación de Cristina y de muchos otros beneficiarios es un reflejo de un sistema que, aunque busca ayudar, puede convertirse en una carga insostenible para quienes más lo necesitan.
