La reciente iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir la oficialización del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea ha enfrentado un duro revés. En una reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el tema fue retirado del orden del día debido a la oposición de un bloque sólido de ocho países, entre los que destacan Alemania, Francia e Italia. Esta situación ha generado un clima de tensión y descontento en el Ejecutivo español, que había estado trabajando intensamente para sumar apoyos a su propuesta.
### La oposición de los países miembros
La negativa de estos países a modificar el Reglamento nº 1/1958, que regula el régimen lingüístico de la UE, ha sido contundente. Alemania, en particular, se mostró firme en su postura, advirtiendo que podría ejercer su derecho de veto si se intentaba forzar una decisión. Otros países como Finlandia, Eslovaquia, República Checa, Croacia y Austria también expresaron su desacuerdo, lo que llevó a la retirada del asunto antes de que se pudiera abrir un debate real.
Fuentes comunitarias han indicado que la presión diplomática ejercida por el Gobierno español no ha dado los resultados esperados. En los pasillos de las instituciones europeas, se ha comentado que España ha recurrido a tácticas poco convencionales para intentar sumar apoyos, lo que ha generado malestar entre otros miembros de la UE. La ausencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la reunión fue interpretada como un reconocimiento de la derrota antes de que comenzara el debate.
A pesar de que Albares afirmó que solo quedaban siete países en contra y que había 20 a favor, las cifras no coinciden con las posiciones manifestadas durante la jornada. La realidad es que el Gobierno español se ha encontrado con un bloque de oposición muy sólido, lo que ha llevado a la decisión de desistir antes de que se abriera un debate real sobre la propuesta.
### Consecuencias políticas y reacciones
El fracaso de esta iniciativa se produce en un contexto de promesas incumplidas por parte del PSOE hacia Junts, que había exigido la oficialización del catalán como condición para apoyar la presidencia de Francina Armengol en el Congreso. La reforma de los Tratados Europeos, necesaria para llevar a cabo esta modificación, es un proceso complejo que requiere unanimidad, lo que complica aún más la situación.
Desde el Partido Popular Europeo, se ha tomado a broma la acusación del Gobierno de que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha saboteado la operación. Un alto cargo popular ha señalado que es absurdo pensar que Feijóo, desde la oposición, tiene más peso en el Consejo Europeo que Sánchez como presidente. Feijóo, por su parte, ha defendido su compromiso con las lenguas de su país, pero ha cuestionado la legalidad y la necesidad de gastar recursos en esta iniciativa.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha acusado a Feijóo de no querer el gallego, mientras que el presidente catalán, Salvador Illa, ha afirmado que el líder del PP se inhabilita para gobernar España. Sin embargo, la paradoja es que estas acusaciones también provienen de Carles Puigdemont, quien ha culpado al PP del fracaso español en Bruselas.
El creciente malestar en Bruselas con la diplomacia española es evidente. Cada vez más capitales consideran que la iniciativa no responde a un interés general de España, sino a la supervivencia parlamentaria de Sánchez. Además, se cuestiona por qué España solo se compromete a financiar un año de implementación, lo que genera dudas sobre la viabilidad del proyecto.
Finlandia, uno de los países que se opuso, ha señalado que no puede aprobar el reconocimiento del catalán mientras no se resuelvan las dudas jurídicas sobre su compatibilidad con los tratados. La situación se complica aún más con la oposición de otros países que tienen sus propios problemas lingüísticos, como Alemania y Chipre.
El asunto volverá a ser tratado en junio, pero las fuentes comunitarias son pesimistas sobre las posibilidades de éxito. La percepción general es que el próximo Gobierno no apoyará esta iniciativa, lo que deja en una situación incierta el futuro del catalán como lengua oficial en la UE.
