La situación de los menores no acompañados que han solicitado asilo en Canarias ha alcanzado un punto crítico, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a intervenir de manera contundente. En una reciente resolución, el alto tribunal ha ordenado al Gobierno español que adopte medidas inmediatas para atender a más de mil menores que se encuentran en esta situación, quienes han estado esperando sin ser acogidos en el sistema de protección internacional. Esta decisión se produce tras una demanda presentada por el Gobierno canario, que ha denunciado la «inacción» del Estado en este asunto.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se encarga de tramitar esta demanda, había dado un plazo de diez días al Gobierno para hacerse cargo de estos menores, un requerimiento que no fue atendido. En una vista celebrada el 29 de mayo, se evidenció que ni el Ministerio del Interior ni el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habían tomado las medidas necesarias para evaluar a los menores que han solicitado asilo, lo que ha resultado en la falta de acogida en el sistema de protección internacional.
Durante esta audiencia, se puso de manifiesto que de los 1.008 menores mencionados en la demanda, ninguno había sido evaluado para resolver su situación de asilo. Solo 24 horas después de la audiencia, el Gobierno envió un borrador de protocolo sobre cómo llevar a cabo el acogimiento, y seis días después, un listado de 723 menores que habían formalizado su solicitud de asilo. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha calificado esta respuesta como insuficiente y ha señalado un «claro incumplimiento» de las medidas cautelares acordadas anteriormente.
Los magistrados han destacado que la falta de acción del Gobierno ha dejado a estos menores en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a los derechos que les otorga la legislación de protección internacional. En su resolución, el Tribunal ha recordado que es responsabilidad del Estado garantizar que estos menores reciban alojamiento, manutención y acceso a la educación, derechos que no han sido efectivamente reconocidos hasta el momento.
La magistrada Ángeles Huet, quien ha redactado la resolución, ha advertido al Gobierno de que, si no se cumplen los requerimientos establecidos, se podrían imponer medidas coercitivas, que incluyen multas de entre 150.000 y 500.000 euros a los funcionarios responsables del incumplimiento. Además, se ha ordenado la identificación de los responsables en cada uno de los ministerios implicados, presumiendo que serán los titulares de los departamentos, Fernando Grande-Marlaska y Elma Sáiz.
Entre las medidas que deben implementar los Ministerios de Interior e Inclusión, se destaca la necesidad de dotar a las oficinas encargadas de la tramitación de solicitudes de asilo de los recursos necesarios para que estas sean formalizadas y resueltas en un plazo razonable. El Tribunal ha establecido que no deben transcurrir más de seis días desde que un menor manifiesta su voluntad de solicitar protección internacional hasta que se formalice la solicitud. Asimismo, se ha dado un plazo de 15 días para que el Gobierno central colabore con la comunidad autónoma de Canarias, proporcionando los medios y recursos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al sistema de acogida.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta España en relación con la migración y el asilo. La falta de recursos y la burocracia han llevado a una crisis humanitaria que requiere atención inmediata. La intervención del Tribunal Supremo es un paso importante hacia la solución de este problema, pero queda por ver si el Gobierno cumplirá con las exigencias del alto tribunal y garantizará los derechos de estos menores vulnerables.
La comunidad autónoma de Canarias ha estado bajo una presión creciente debido a la llegada de migrantes, y la falta de un sistema adecuado para acoger a los menores no acompañados ha sido un punto de crítica constante. La intervención del Tribunal Supremo podría ser el catalizador necesario para que se implementen cambios significativos en la forma en que se manejan las solicitudes de asilo y la protección de los menores en España. La atención a esta problemática no solo es un imperativo legal, sino también un deber moral que debe ser atendido con urgencia.
