Los incendios forestales han vuelto a ser protagonistas en España, especialmente en regiones como Castilla y León y Galicia, donde la devastación ha sido alarmante. Durante el mes de agosto de 2025, las llamas han arrasado miles de hectáreas, dejando a su paso un rastro de destrucción que afecta tanto a la flora como a la fauna, así como a las comunidades locales. En este contexto, la impotencia de los vecinos que observan cómo sus hogares y tierras son consumidos por el fuego se ha convertido en una imagen recurrente. Sin embargo, la situación plantea una serie de interrogantes sobre la gestión de emergencias y la necesidad de una cultura de prevención más robusta.
La normativa actual en España establece que las labores de extinción de incendios deben ser llevadas a cabo por cuerpos especializados y servicios de emergencias. Esto se debe a que la intervención de civiles sin la formación adecuada puede resultar peligrosa. Eduardo Frías, un experimentado bombero forestal, enfatiza la importancia de educar a la población sobre cómo actuar en caso de un incendio. A pesar de que cada verano se producen incendios que consumen decenas de miles de hectáreas, la falta de una cultura de prevención sigue siendo un obstáculo significativo. Frías señala que el cambio climático y el aumento de las temperaturas han transformado las condiciones bajo las cuales se producen estos incendios, lo que requiere una reestructuración en la forma en que se organizan los operativos de extinción.
La colaboración de la comunidad local puede ser crucial en la lucha contra los incendios, aunque no necesariamente en la extinción directa de las llamas. Frías relata una experiencia reciente en la que su equipo, al dirigirse a un incendio en Las Médulas, perdió tiempo valioso tratando de orientarse en un pueblo evacuado. La falta de conocimiento del terreno puede complicar las labores de los bomberos, lo que subraya la necesidad de involucrar a los residentes en la planificación y respuesta ante emergencias. Frías aboga por un enfoque más coordinado que permita a los habitantes contribuir de manera segura y efectiva, proporcionando información valiosa sobre el terreno y las condiciones locales.
### La Realidad de los Bomberos en Castilla y León
La situación de los bomberos en Castilla y León es alarmante. Con más de 20 años de experiencia en el campo, Frías denuncia las precarias condiciones laborales que enfrentan. A pesar de que la legislación establece un límite de 12 horas de trabajo durante emergencias, muchos bomberos se ven obligados a realizar jornadas de hasta 16 horas. Además, la temporalidad de los contratos y la falta de recursos materiales y humanos agravan aún más la situación. La ola de incendios de 2025 se ha convertido en el peor año en términos de superficie quemada en las últimas décadas, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar estos problemas.
La falta de inversión en prevención es otro factor que contribuye a la gravedad de los incendios. En Castilla y León, el presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios ha disminuido drásticamente en los últimos años. En 2022, la comunidad autónoma invirtió solo 1,41 millones de euros, en comparación con los 10,27 millones de euros de 2009. Esta reducción del 90% en el presupuesto es un claro indicativo de la falta de compromiso por parte del gobierno regional en la lucha contra los incendios. Frías critica esta tendencia y llama a un cambio radical en la política forestal, enfatizando que la prevención debe centrarse en medidas básicas como el mantenimiento de caminos, la creación de puntos de agua y la limpieza de zonas de interfaz urbano-forestal.
### La Necesidad de una Estrategia de Prevención
La prevención de incendios no solo es responsabilidad de los cuerpos de emergencia, sino que debe ser un esfuerzo conjunto que involucre a toda la comunidad. Frías sugiere que se debe fomentar una mayor profesionalización y estabilidad en el sector de la extinción de incendios. A pesar de la alta vocación de muchos bomberos, la precariedad laboral lleva a muchos a abandonar el oficio. La creación de un operativo 100% público, con personal contratado durante todo el año, podría mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante incendios.
Además, la implementación de una ley aprobada en 2024 para mejorar las condiciones de los bomberos y agentes forestales aún no se ha materializado en ninguna comunidad autónoma. Esto es preocupante, ya que la falta de aplicación de esta normativa puede tener consecuencias devastadoras en la lucha contra los incendios. La colaboración entre el gobierno, los cuerpos de emergencia y la comunidad es esencial para establecer un sistema de prevención efectivo que pueda mitigar el impacto de los incendios en el futuro.
La situación actual en España es un llamado a la acción. La combinación de cambio climático, falta de recursos y una cultura de prevención insuficiente pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la vida y el bienestar de las comunidades. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para abordar estos desafíos y garantizar un futuro más seguro para todos.
