Un grave incidente ha sacudido el Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José, ubicado en Pamplona, Navarra, donde un hombre de 60 años con discapacidad sufrió múltiples mordiscos de rata en su cara, manos y pies. Este suceso, que ocurrió el 14 de septiembre, ha generado una ola de preocupación y ha llevado a la Policía Foral a investigar la situación del centro, que es gestionado por el Gobierno de Navarra. La presencia de roedores y cucarachas ha sido confirmada, lo que plantea serias preguntas sobre las condiciones sanitarias del lugar y la responsabilidad de los administradores del centro.
El incidente se produjo durante la noche, cuando una enfermera de guardia acudió a la habitación del paciente en varias ocasiones. En su primera visita, la enfermera observó heridas en el paciente y procedió a limpiarlas. Sin embargo, al regresar más tarde, encontró nuevas lesiones y, en su tercera visita, vio una rata desplazándose por la pared. El hombre, que tiene movilidad reducida, fue trasladado a urgencias en el Hospital Universitario de Navarra, donde se le atendió por las mordeduras visibles que presentaba. En la habitación se encontraron manchas de sangre en el suelo y las paredes, lo que indica la gravedad de la situación.
La Policía Foral, tras recibir el aviso, realizó una inspección del centro y corroboró la presencia de plagas. Desde el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, se ha calificado el incidente como un «hecho puntual y aislado», asegurando que no fue resultado de falta de control o atención del personal. Sin embargo, la familia del afectado no ha presentado una denuncia formal, aunque el caso podría tener repercusiones legales si se determina que hubo negligencia en el cuidado del paciente.
### Condiciones Sanitarias y Responsabilidades Legales
La situación en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José ha puesto de relieve la importancia de mantener estándares adecuados de higiene y salud en instalaciones que albergan a personas vulnerables. La normativa vigente exige a estos centros garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y realizar controles periódicos de plagas. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones administrativas, que van desde multas hasta el cierre temporal del centro.
En este caso, si se demuestra que las lesiones sufridas por el residente fueron consecuencia de una omisión de los deberes básicos de vigilancia o de un fallo en los protocolos de control sanitario, podría considerarse un delito de lesiones por imprudencia. Además, la existencia de plagas que pongan en riesgo la salud de los residentes podría constituir un delito contra la salud pública. La Policía Foral ha asumido el caso a través de su unidad de Medio Ambiente, que está investigando las condiciones del centro y la posible responsabilidad de los administradores.
El Gobierno de Navarra ha respondido a la crisis reforzando los controles de desratización y ha lanzado un nuevo contrato para mejorar las condiciones sanitarias del centro. Sin embargo, la falta de confianza en la gestión del centro ha llevado a la oposición a exigir la dimisión de la consejera de Derechos Sociales y del director del centro. Durante un reciente pleno en el Parlamento de Navarra, el portavoz de Vox cuestionó las condiciones de salud pública del centro, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la gestión del Gobierno regional.
### Reacciones y Consecuencias
La noticia del incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad, con familiares de otros residentes expresando su preocupación por la seguridad y el bienestar de sus seres queridos. La presencia de plagas en un centro que debería ser un refugio seguro para personas con discapacidad ha suscitado indignación y ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Gobierno de Navarra para garantizar la salud y la seguridad de sus ciudadanos más vulnerables.
Desde el Departamento de Derechos Sociales, se ha insistido en que el centro es un «referente y puntero» en la atención a personas con discapacidad, y que se han seguido todos los protocolos de higiene y desratización. Sin embargo, la falta de transparencia y la percepción de que el incidente fue manejado de manera inadecuada han alimentado la desconfianza. La familia del afectado ha sido informada en todo momento, pero la falta de una denuncia formal podría complicar la situación legal del centro.
La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de salud y seguridad en centros de atención a personas con discapacidad. La comunidad exige respuestas y acciones concretas para garantizar que incidentes como este no se repitan en el futuro. La presión sobre el Gobierno de Navarra para que tome medidas decisivas y efectivas es más fuerte que nunca, y la atención pública se centrará en cómo se manejará esta crisis en los próximos días y semanas.
