La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha iniciado una investigación que involucra a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, y su relación con dos cooperativas que han recibido transferencias significativas de dinero de la constructora Servinabar. Este caso ha suscitado un gran interés mediático y político, dado el contexto de corrupción y la gestión de fondos públicos en Navarra.
La investigación se centra en la transferencia de un millón de euros entre 2016 y 2023 desde Servinabar a las cooperativas Noran y Erkolan, ambas vinculadas a Antxon Alonso, socio de Cerdán. Según los informes, Alonso ha estado enviando dinero de manera recurrente a estas cooperativas, lo que ha levantado sospechas sobre la naturaleza de estas transacciones y su posible relación con la adjudicación de contratos públicos.
### La Red de Cooperativas y la Transferencia de Fondos
Los documentos obtenidos por la UCO revelan que Koldo García, fundador de Noran, vendió su participación en la cooperativa a Antxon Alonso a finales de 2016, justo después de que Cerdán firmara un contrato para adquirir el 45% de Servinabar. Este movimiento ha llevado a los investigadores a cuestionar la transparencia de las operaciones financieras entre estas entidades. La Guardia Civil sospecha que Cerdán podría tener una vinculación extraoficial con las cooperativas, similar a la que se ha detectado con la empresa principal de Alonso.
Erkolan, una de las cooperativas implicadas, se dedica a la asesoría fiscal y contabilidad, y tiene su sede en la misma oficina que otra empresa de Alonso, Grupo Mining Team SL. Desde 2019 hasta 2023, Servinabar realizó pagos significativos a Erkolan, que suman un total de 258.472 euros. Estos pagos han sido objeto de escrutinio, ya que se ha detectado un aumento considerable en las cantidades transferidas en los últimos años, lo que ha llevado a los investigadores a indagar sobre el destino final de estos fondos.
Además, Servinabar ha transferido 729.108 euros a Noran Cooperativa entre 2016 y 2024. Los datos de la Hacienda Foral de Navarra indican que, de esta suma, 369.000 euros no tienen un destino claro, lo que ha generado aún más inquietud entre los investigadores. La UCO está tratando de rastrear el flujo de dinero para determinar si se utilizó de manera adecuada o si se desvió hacia fines ilícitos.
### Contratos Públicos y la Influencia Política
La constructora Servinabar ha sido beneficiaria de más de 100 millones de euros en contratos adjudicados por los gobiernos de Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN). Durante la legislatura de Barkos, Servinabar participó en importantes proyectos de infraestructura, como la reforma del pabellón Navarra Arena y la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra. Estos contratos han sido objeto de controversia, especialmente en el contexto de la investigación actual.
Uno de los contratos más destacados adjudicados a Servinabar fue la duplicación de los túneles de Belate, que se firmó en diciembre de 2023 por un importe de 76 millones de euros. Este proyecto es considerado la mayor obra pública en Navarra en la última década y ha suscitado preocupaciones sobre la posible corrupción y el uso indebido de fondos públicos.
La relación entre Cerdán, sus familiares y las cooperativas también está bajo la lupa. Se investiga si la hermana de Cerdán, Belén, o otros familiares tuvieron vínculos laborales o mercantiles con las cooperativas, lo que podría indicar un patrón de nepotismo y corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
La situación se complica aún más con la revelación de que el consejero de Universidades de Chivite pagó 215.000 euros desde su panadería a la empresa de Santos Cerdán. Este tipo de transacciones plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de las relaciones comerciales entre funcionarios públicos y empresas privadas.
La UCO continúa su investigación, buscando desentrañar la compleja red de relaciones y transacciones que rodean a Santos Cerdán y su entorno. A medida que se revelan más detalles, la presión sobre los involucrados aumenta, y la opinión pública exige respuestas sobre la gestión de los fondos públicos y la transparencia en la adjudicación de contratos.
Este caso no solo pone en entredicho la integridad de los funcionarios involucrados, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión en la administración pública. La sociedad española está atenta a los desarrollos de esta investigación, que podría tener repercusiones significativas en el panorama político y económico de Navarra y más allá.