El Tribunal Supremo ha decidido abrir dos causas penales contra el eurodiputado sevillano Luis Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF). La primera de estas investigaciones se centra en una presunta financiación ilegal de su formación política, mientras que la segunda está relacionada con la difusión de una PCR falsificada del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Para avanzar en ambos procedimientos, el Alto Tribunal deberá solicitar autorización previa al Parlamento Europeo, donde Alvise ostenta su condición de aforado.
En cuanto a la investigación sobre financiación irregular, el Supremo ha atendido la solicitud del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para investigar a Alvise por la presunta recepción de 100.000 euros en mayo de 2024, provenientes del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’, para su organización política. Además, el tribunal ha abierto diligencias contra Romillo, considerando que su conducta está conectada a la investigación que se lleva a cabo contra el aforado.
El tribunal ha señalado que los hechos descritos podrían encuadrarse dentro del delito de financiación ilegal de partidos políticos, aplicando el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Este artículo establece penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses para los administradores electorales que falseen cuentas o utilicen artificios que alteren las partidas contables. Tanto Alvise, como administrador electoral del partido, como Romillo, como donante, podrían ser considerados responsables de delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Para instruir esta causa, el tribunal ha designado al magistrado Julián Sánchez Melgar y ha admitido la personación del PSOE como acusación popular, imponiéndole una fianza de 15.000 euros.
La segunda causa abierta contra Alvise Pérez se refiere a la difusión de una PCR falsa de Salvador Illa. El Supremo ha encontrado múltiples indicios de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias. Este caso se remonta al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un mensaje en su cuenta de Twitter durante la campaña electoral catalana, en el que afirmaba que Illa mentía, acompañando su mensaje con una imagen de un documento que simulaba ser un informe clínico con un resultado positivo de PCR a nombre de Illa. La Fiscalía sostiene que dicho documento es completamente falso y fue elaborado por Alvise con la intención de perjudicar a Illa y al PSC durante la campaña electoral.
Aunque aún hay diligencias pendientes de comprobación, el Ministerio Público considera que, incluso si se trata de un retuit sin relación con el autor original, sería posible investigar a Alvise por un delito de utilización de documento falso e injurias.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha rechazado abrir una tercera causa contra Alvise por supuestos desórdenes públicos relacionados con las manifestaciones que tuvieron lugar frente a la sede del PSOE en Ferraz a finales de 2023. El tribunal ha argumentado que la competencia para procesar a personas aforadas exige no solo individualizar la conducta concreta que pudiera ser constitutiva de delito, sino también contar con indicios o principios de prueba que apoyen tal imputación. En este caso, la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid no proporcionó una descripción fáctica suficiente de los hechos atribuidos al aforado.
El Supremo ha criticado que, aunque se aportaron contenidos del canal de Telegram de Alvise, no se realizó una valoración concreta de los mismos, ni se especificó qué mensajes serían relevantes para la imputación.
Además de estas investigaciones, Alvise Pérez tiene pendientes al menos otros dos asuntos sobre los que el Supremo aún debe pronunciarse. Uno de ellos se refiere a un testimonio remitido por el Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla a la Fiscalía del TS por presuntas amenazas a un juez. El otro caso proviene de un juzgado de Castilla y León, donde se le denuncia por un presunto delito de calumnias al vincular a un diputado socialista con la trama del ‘caso Tito Berni’ en publicaciones en su canal de Telegram. También se investiga una denuncia de la Fiscalía relacionada con una publicación de Alvise en Telegram que incluye una fotografía de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenida de su perfil privado de Instagram, por posible revelación de secretos o vulneración de la intimidad.
