La situación del cribado de cáncer de mama en Andalucía ha generado una gran preocupación entre las mujeres afectadas y sus familias. La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha denunciado irregularidades graves en el sistema de detección precoz del cáncer de mama, lo que ha llevado a la organización a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. Esta denuncia se centra en la supuesta desaparición de historiales médicos de mujeres que no pueden acceder a los resultados de sus pruebas diagnósticas, como mamografías y ecografías, que son fundamentales para demostrar su condición de afectadas por los errores en el programa de prevención.
### La Denuncia de Amama y sus Implicaciones
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ha manifestado que se han encontrado con numerosos casos de mujeres que, tras realizarse mamografías, no han podido obtener los resultados necesarios para demostrar que están entre las afectadas por los fallos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según Claverol, «estamos dejando en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso». Esta situación es alarmante, ya que el acceso a la información médica es un derecho fundamental que permite a las pacientes tomar decisiones informadas sobre su salud y su tratamiento.
La denuncia también pone de manifiesto que, en algunos casos, los resultados de las mamografías han sido alterados o eliminados de las aplicaciones de ClickSalud o Diraya, sistemas utilizados por el SAS para la gestión de la información médica. Claverol ha señalado que en ciertos casos, se ha borrado la mención de lesiones sospechosas, lo que podría constituir un delito de obstrucción a la justicia. La situación es aún más grave considerando que se estima que alrededor de 2.000 mujeres han sido afectadas por estos errores en el programa de detección precoz.
### Respuesta de la Junta de Andalucía y la Reacción de las Afectadas
Ante la creciente presión y las denuncias de Amama, la Junta de Andalucía ha comenzado a contactar a las 2.000 mujeres que se han sometido a mamografías dentro del programa de detección precoz. Sin embargo, muchas de estas mujeres han reportado que no han recibido ninguna llamada para repetir las pruebas, lo que ha generado desconfianza en la efectividad de las medidas anunciadas por el gobierno regional. Claverol ha expresado su escepticismo respecto a que el número de afectadas se limite a 2.000, argumentando que «sabemos que no son 2.000, porque seguimos recibiendo llamadas y ellos dicen que ya han llamado a todas».
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado la contratación de más de 4.000 profesionales sanitarios para reforzar el programa de detección precoz, así como un plan de choque de 12 millones de euros. Sin embargo, Claverol ha cuestionado la efectividad de estas medidas, afirmando que «no sirven de nada si no se ponen a trabajarlos». Esta situación ha llevado a muchas mujeres a sentirse desprotegidas y a exigir respuestas claras y efectivas por parte de las autoridades sanitarias.
La crisis en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía no solo afecta a las mujeres diagnosticadas, sino que también tiene un impacto significativo en sus familias y en la comunidad en general. La falta de información y la incertidumbre sobre el estado de salud de las pacientes generan un clima de angustia y desesperación que es difícil de sobrellevar. Las mujeres afectadas no solo luchan contra una enfermedad devastadora, sino que también deben enfrentarse a un sistema que, en lugar de protegerlas, parece haber fallado en su deber de cuidado.
La denuncia de Amama es un llamado a la acción para que se tomen medidas inmediatas y efectivas que garanticen el acceso a la atención médica adecuada y a la información necesaria para todas las mujeres afectadas por el cáncer de mama. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema de salud y asegurar que situaciones como esta no se repitan en el futuro. Las mujeres merecen un sistema de salud que las respete y las proteja, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que se cumplan estos derechos.
