El mercado laboral en España atraviesa una crisis silenciosa que afecta a millones de trabajadores. A pesar de las mejoras en algunos indicadores económicos, la realidad es que una parte significativa de la población activa vive con salarios que apenas alcanzan el umbral de la pobreza. Según datos recientes, 9,1 millones de personas, casi un tercio de quienes reciben ingresos regulares, sobreviven con menos de 12.000 euros anuales. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos años, pone de manifiesto la precariedad económica que afecta a una gran parte de la clase trabajadora.
La situación es especialmente alarmante en el contexto del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, donde se hace evidente que, a pesar de las subidas en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), muchos trabajadores y pensionistas no logran alcanzar un nivel de ingresos que les permita vivir dignamente. De hecho, el 30,5% de los trabajadores, pensionistas y desempleados se encuentra en esta situación crítica, lo que refleja una desigualdad creciente en el país.
### La Distribución de los Salarios: Un Panorama Desolador
La distribución de los salarios en España revela una realidad desoladora. Entre los desempleados, la situación es aún más crítica, con casi 828.000 personas que reciben prestaciones inferiores a los 12.000 euros anuales. Esto representa el 93,9% de quienes están por debajo de los 1.000 euros al mes. Además, un número significativo de trabajadores asalariados también se encuentra en una situación precaria. Aproximadamente 1,2 millones de personas que han alternado entre empleo y desempleo no logran alcanzar los 12.000 euros anuales, lo que equivale al 39,7% de este grupo.
La precariedad no solo afecta a los desempleados, sino también a los trabajadores permanentes y pensionistas. Un total de 3,8 millones de trabajadores permanentes, que representan el 22,7% del total, y 3,2 millones de pensionistas, que constituyen el 36,9%, perciben ingresos inferiores a los mil euros mensuales. Esta situación coloca a una parte significativa de la población activa y jubilada en una posición de vulnerabilidad económica.
La dificultad para alcanzar ingresos suficientes se ve reflejada también en aquellos que han pasado de recibir desempleo a cobrar una pensión. Un pequeño grupo de 12.800 asalariados que atravesaron un periodo de desempleo antes de jubilarse, así como otros 54.350 trabajadores que se convirtieron en pensionistas durante el año, siguen percibiendo menos de 12.000 euros anuales. Esto evidencia que la precariedad se extiende incluso entre quienes logran cierta estabilidad laboral.
### Concentración Geográfica de la Precariedad
La precariedad laboral en España no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en ciertas regiones del país. Andalucía, por ejemplo, alberga a 2,1 millones de personas con ingresos bajos, seguida de Cataluña con 1,4 millones, la Comunidad de Madrid con 1,1 millones y la Comunidad Valenciana, también con 1,1 millones. En conjunto, estas cuatro regiones representan el 62,3% de los no mileuristas en España.
Sin embargo, si se analiza la situación en términos relativos, Extremadura se posiciona como la comunidad con la mayor proporción de población en esta situación, con un 40,8%. Le siguen Andalucía con un 38,5% y Ceuta y Melilla con un 35,8%. Otras comunidades como Canarias, la Región de Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja también registran entre un 30% y un 33% de personas con ingresos bajos.
La concentración geográfica de la precariedad laboral resalta la necesidad de políticas públicas que aborden estas desigualdades. Los técnicos de Hacienda, a través del sindicato Gestha, han solicitado un Pacto de Estado contra la Pobreza, que contemple medidas para aumentar los salarios mínimos, fomentar la inclusión laboral y mejorar las pensiones. Además, se hace hincapié en la necesidad de redistribuir mejor el gasto social y el sistema tributario para ofrecer una red de protección más eficaz a los más vulnerables.
La precariedad de los no mileuristas tiene consecuencias directas sobre el consumo, la calidad de vida y la desigualdad social. Mientras España debate sobre crecimiento económico y empleo, la realidad de millones de ciudadanos que no alcanzan siquiera el mileurismo sigue siendo un recordatorio de que las cifras de prosperidad no siempre reflejan la vida cotidiana de todos. La urgencia de políticas inclusivas y de medidas que reduzcan la desigualdad salarial se mantiene como un desafío central para el país.
La situación actual del mercado laboral en España es un reflejo de la necesidad de un cambio estructural que permita a los trabajadores acceder a salarios dignos y a una calidad de vida adecuada. La lucha contra la pobreza y la precariedad laboral debe ser una prioridad en la agenda política, ya que solo así se podrá construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
