La reciente propuesta del Gobierno español para reformar la legislación sobre la prostitución ha generado un intenso debate en la sociedad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, está trabajando en una ley que busca abolir la prostitución y que incluye penas de cárcel para aquellos que obtengan beneficios económicos por prestar inmuebles para esta actividad. Esta iniciativa no solo refleja una de las viejas aspiraciones del PSOE, sino que también pone en el centro de la discusión la figura del suegro del presidente Pedro Sánchez, quien ha estado vinculado a locales donde se ejercía la prostitución.
La figura jurídica conocida como tercería locativa, que estuvo presente en el Código Penal español hasta 1995, es uno de los puntos clave de esta nueva legislación. Esta figura define a las personas que, aunque no tengan una relación contractual con quienes ejercen la prostitución, se lucran de esta actividad. La propuesta de la ministra busca incluir esta figura en el artículo 187 del Código Penal, que actualmente establece penas de prisión para quienes exploten la prostitución de otra persona.
### Contexto Histórico y Legal de la Prostitución en España
La prostitución ha sido un tema controvertido en España durante décadas. Desde la dictadura franquista hasta la actualidad, las leyes han ido cambiando, pero la prostitución ha seguido siendo una realidad en la sociedad. La tercería locativa fue eliminada del Código Penal en 1995, pero su regreso ha sido un tema recurrente en las discusiones políticas, especialmente por parte del PSOE.
La propuesta actual de la ministra Redondo se produce en un contexto donde la prostitución ha migrado en gran medida a internet. Un estudio reciente del Ministerio de Igualdad estima que entre 152,735 y 184,234 mujeres están en situación de prostitución en España, y una gran parte de ellas opera a través de plataformas digitales. Esto ha llevado a la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva moderna, que contemple las nuevas formas de explotación y los riesgos asociados.
El Gobierno ha intentado en varias ocasiones recuperar la tercería locativa, pero ha enfrentado la oposición de sus socios de coalición y otros grupos políticos. En 2022, durante la tramitación de la ley del ‘solo sí es sí’, el PSOE propuso una enmienda para incluir esta figura, pero fue rechazada. La presión por parte de grupos feministas y sindicatos de trabajadoras sexuales ha complicado aún más el panorama legislativo.
### La Controversia en Torno a la Prostitución y la Nueva Ley
La propuesta de la ministra Redondo ha suscitado reacciones encontradas. Por un lado, hay quienes apoyan la idea de penalizar a quienes se benefician de la prostitución, argumentando que esto es necesario para proteger a las trabajadoras sexuales y combatir la explotación. Por otro lado, hay críticas que consideran que la tercería locativa representa una forma de violencia institucional contra el libre ejercicio de la actividad sexual.
Mónica Martín, secretaria general del sindicato de prostitutas Otras, ha expresado que la inclusión de la tercería locativa en la ley es una forma de violencia institucional. Según ella, es fundamental que las trabajadoras sexuales tengan derechos y puedan cotizar a la Seguridad Social, en lugar de ser criminalizadas por su trabajo. Esta perspectiva pone de relieve la complejidad del debate sobre la prostitución, donde se enfrentan las visiones abolicionistas y las que abogan por una mayor regulación.
Además, la ley también contempla medidas para combatir la prostitución en internet, un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Las trabajadoras sexuales han encontrado en las plataformas digitales una forma de ejercer su actividad de manera más autónoma, pero también han surgido preocupaciones sobre la explotación y el riesgo de trata. La dificultad para regular esta actividad en línea plantea un desafío adicional para el Gobierno, que busca establecer un marco legal efectivo.
La propuesta de la ministra Redondo se enmarca en un contexto más amplio de escándalos sexuales que han afectado a miembros del PSOE, lo que ha llevado a una mayor presión para abordar la prostitución de manera más contundente. Sin embargo, la falta de consenso entre los diferentes grupos políticos complica la posibilidad de que esta ley sea aprobada en el corto plazo.
En resumen, la nueva ley de prostitución en España es un tema que genera un intenso debate social y político. La inclusión de la tercería locativa y las medidas para combatir la prostitución en internet son solo algunos de los aspectos que se están discutiendo. A medida que el Gobierno avanza en la redacción de esta ley, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y qué impacto tendrá en la vida de las trabajadoras sexuales y en la sociedad en general.
