La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de 29 individuos en varias ciudades de España, acusados de ser responsables de 287 grafitis en trenes durante el último año. El impacto económico de estos actos vandálicos se estima en casi 1.500.000 euros, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos. La investigación, que comenzó en septiembre de 2024, ha revelado un modus operandi sofisticado y bien organizado entre los grafiteros, quienes no solo se limitan a pintar en trenes detenidos, sino que han desarrollado técnicas para realizar sus actos delictivos en movimiento.
### Un modus operandi bien estructurado
Los grafiteros detenidos se caracterizan por su alto grado de profesionalidad y su capacidad para planificar meticulosamente sus acciones. Según la Policía, estos individuos estudiaban los horarios y frecuencias de los trenes, lo que les permitía elegir los momentos más propicios para llevar a cabo sus pintadas. Utilizaban una técnica conocida como ‘palancazo’, que consiste en accionar el freno de emergencia de los trenes para detenerlos y así poder realizar sus grafitis sin ser interrumpidos.
El inspector jefe de la Brigada Móvil de Madrid, José Ángel Sánchez, ha explicado que el proceso es rápido y eficiente: «Entre 5 y 10 minutos son capaces de grafitear en varios vagones». Este grupo de grafiteros operaba en equipos, donde cada miembro tenía un rol específico, desde el que pintaba hasta el que vigilaba o grababa la acción para compartirla en redes sociales. Esta dinámica no solo les permitía realizar sus actos delictivos con rapidez, sino que también fomentaba un sentido de comunidad entre los grafiteros, quienes buscaban reconocimiento dentro de su subcultura.
### La respuesta de las autoridades
La respuesta de la Policía Nacional ha sido contundente. Tras recibir numerosas denuncias sobre daños en trenes e instalaciones ferroviarias, se implementó un dispositivo de búsqueda y captura que ha resultado en la detención de 18 personas en la Comunidad de Madrid. Las localidades afectadas incluyen San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, y Móstoles, entre otras. Además, se han emitido órdenes de búsqueda para otros sospechosos que podrían estar involucrados en esta red de grafiteros.
La operación no se ha limitado a Madrid. En Málaga, por ejemplo, se han arrestado a cuatro personas y se han esclarecido 48 delitos que han causado pérdidas económicas significativas. En otras ciudades como Valencia, Barcelona, y León, también se han realizado detenciones relacionadas con este fenómeno delictivo. En total, las investigaciones han permitido esclarecer 319 hechos delictivos, de los cuales 187 son delitos de daños y 32 de desórdenes públicos.
La Policía ha destacado la importancia de la coordinación entre diferentes unidades para abordar este problema, dado el carácter itinerante de los grafiteros. La investigación ha revelado que muchos de los detenidos son jóvenes, pero también hay individuos con más experiencia en el vandalismo, lo que sugiere que la cultura del grafiti en trenes está enraizada y se ha vuelto más compleja con el tiempo.
### Consecuencias legales y sociales
El vandalismo en trenes no solo representa un problema económico, sino que también plantea cuestiones sociales sobre la percepción del arte urbano y el respeto por la propiedad pública. Las multas por realizar grafitis pueden oscilar entre 300 y 3.000 euros, dependiendo del tamaño y la gravedad del daño causado. Sin embargo, muchos grafiteros parecen estar dispuestos a asumir estos riesgos, motivados por el deseo de reconocimiento y la búsqueda de una identidad dentro de su comunidad.
La situación ha generado un debate sobre cómo las autoridades deben abordar el grafiti como forma de expresión artística versus vandalismo. Algunos argumentan que se debería fomentar el arte urbano en espacios designados, mientras que otros defienden la necesidad de aplicar la ley de manera estricta para proteger la propiedad pública y privada.
La reciente operación de la Policía Nacional pone de manifiesto la creciente preocupación por el vandalismo en el transporte público y la necesidad de una respuesta coordinada para abordar este fenómeno. A medida que las ciudades continúan evolucionando y enfrentando nuevos desafíos, el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto por la propiedad pública seguirá siendo un tema de debate en la sociedad española.
