La okupación de viviendas se ha convertido en un tema candente en España, generando preocupación entre los ciudadanos y un debate intenso sobre cómo abordar esta problemática. En 2023, se registraron más de 15,000 casos de allanamiento y usurpación de inmuebles, según datos de la Fiscalía General del Estado. Este fenómeno no solo afecta a los propietarios de las viviendas, sino que también plantea desafíos significativos para el sistema judicial y la sociedad en general.
**La situación actual de la okupación en España**
El fenómeno de la okupación ha crecido de manera alarmante en las grandes ciudades, siendo Barcelona y Madrid las provincias más afectadas. En Barcelona se registraron 4,610 casos, mientras que en Madrid se contabilizaron 1,516. En contraste, provincias como Soria y Palencia apenas reportaron ocho casos cada una. Esta disparidad en los datos refleja la gravedad del problema en áreas urbanas densamente pobladas, donde la falta de vivienda asequible y el aumento de la pobreza han contribuido a la proliferación de la okupación.
La media para desalojar a los okupas se sitúa en 23,2 meses, lo que genera una sensación de impunidad entre quienes ocupan viviendas de manera ilegal. Alberto Serrano, abogado especializado en el tema, ha señalado que la okupación debe ser considerada más como un problema civil que penal. Actualmente, las penas por okupación son mínimas, oscilando entre tres y seis meses de multa, lo que no parece ser un disuasivo efectivo para quienes deciden ocupar una vivienda.
**Propuestas para abordar la okupación**
Ante esta situación, varios expertos han propuesto soluciones que podrían ayudar a mitigar el problema de la okupación en España. Una de las propuestas más destacadas es la creación de jueces especializados en casos de okupación, similar a lo que se hizo con los jueces de violencia de género en 2004. Esta medida permitiría una respuesta más rápida y efectiva ante los casos de okupación, evitando que se dilaten en el tiempo y generen más conflictos.
Serrano sugiere que la creación de un procedimiento especial para la recuperación de la posesión de las viviendas podría ser clave para resolver el problema de manera más ágil. La idea es que estos jueces especializados puedan actuar con mayor celeridad y eficacia, evitando que los propietarios tengan que esperar meses o incluso años para recuperar sus propiedades.
Además, se ha planteado la necesidad de aumentar la oferta de vivienda social como una alternativa para aquellos que se ven obligados a ocupar viviendas por falta de recursos. La creación de más viviendas asequibles podría disminuir la presión sobre el mercado de alquiler y, por ende, reducir el número de okupaciones.
Por otro lado, algunos expertos sugieren que es fundamental revisar y endurecer las leyes actuales relacionadas con la okupación. Esto incluye aumentar las penas y sanciones para quienes ocupan viviendas de manera ilegal, así como establecer mecanismos más efectivos para el desalojo. La implementación de medidas que faciliten la recuperación de la propiedad para los dueños legítimos es crucial para restaurar la confianza en el sistema judicial.
En resumen, la okupación es un fenómeno complejo que requiere un enfoque multifacético. La combinación de medidas legales, la creación de jueces especializados y el aumento de la vivienda social podría ser la clave para abordar esta problemática de manera efectiva. La sociedad española enfrenta un reto importante, y es fundamental que se tomen decisiones que protejan los derechos de los propietarios y, al mismo tiempo, ofrezcan soluciones a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
