La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ha sido un tema candente en la sociedad española desde su legalización hace 40 años. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, la realidad es que la mayoría de estas intervenciones se llevan a cabo en la sanidad privada. En 2024, se registraron 106.172 IVE, lo que representa un aumento del 3% en comparación con el año anterior. De este total, solo el 21,25% se realizó en centros públicos, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de recursos en el sistema sanitario público para atender la demanda de la población.
Los datos del Ministerio de Sanidad revelan que las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en 248 centros a nivel nacional, de los cuales 169 son de titularidad pública. Sin embargo, estos centros públicos solo asumen un pequeño porcentaje de las IVE realizadas, dejando a la sanidad privada con el 78,74% de los procedimientos. Esta situación es especialmente preocupante en algunas comunidades autónomas, donde la sanidad pública no ofrece prácticamente este servicio. Por ejemplo, en Extremadura no se registraron abortos en el sistema público, mientras que en Castilla-La Mancha, solo se realizaron dos de los 3.579 abortos en centros públicos.
### La Disparidad en el Acceso a la IVE
La desigualdad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es evidente al observar las cifras de diferentes comunidades autónomas. En Andalucía, se llevaron a cabo 19.787 IVE en 2024, pero solo el 0,03% se realizó en la sanidad pública. Madrid, Murcia, Asturias, Aragón y el País Vasco también presentan porcentajes bajos, todos por debajo del 5%. En contraste, hay regiones donde el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha logrado un acceso más equitativo. Cantabria, por ejemplo, reportó que el 88,49% de los abortos se realizaron en la sanidad pública, seguido por Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Cataluña (55,67%).
Esta disparidad en el acceso a la IVE plantea serias preguntas sobre la equidad en la atención sanitaria en España. Las mujeres en comunidades donde la sanidad pública no ofrece este servicio se ven obligadas a recurrir a clínicas privadas, lo que puede suponer un coste significativo y, en algunos casos, una barrera insalvable para aquellas que no pueden permitírselo. Además, el hecho de que algunas comunidades autónomas no ofrezcan IVE en sus centros públicos puede interpretarse como una falta de compromiso con los derechos reproductivos de las mujeres.
### Propuestas para Blindar el Derecho al Aborto
En un contexto donde el acceso al aborto sigue siendo un tema de debate, el Gobierno español ha propuesto una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. Esta iniciativa surge como respuesta a una serie de propuestas y declaraciones que han cuestionado la validez y la necesidad de garantizar este derecho. La propuesta del Gobierno busca consagrar la libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas, en un momento en que se observa una ofensiva global contra los derechos sexuales y reproductivos.
Si se aprueba esta reforma, España se convertiría en el segundo país del mundo en proteger el derecho al aborto en su constitución, después de que Francia lo hiciera en marzo de 2024. Sin embargo, el camino hacia la aprobación no será fácil. Para llevar a cabo esta reforma, se requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Además, si se decide incluir el aborto en el Título I de la Constitución, que trata sobre los derechos fundamentales, se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, lo que complicaría aún más el proceso.
El Partido Popular ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno, afirmando que no ven necesario blindar el derecho al aborto en la Constitución. Esta oposición política podría dificultar la posibilidad de que la reforma se lleve a cabo, lo que deja a muchas mujeres en una situación de incertidumbre respecto a sus derechos reproductivos.
La situación actual del aborto en España es un reflejo de las tensiones sociales y políticas que rodean este tema. A medida que el debate continúa, es fundamental que se escuchen las voces de las mujeres y se garantice su acceso a servicios de salud reproductiva de manera equitativa y sin obstáculos. La lucha por el derecho al aborto no es solo una cuestión de salud, sino también de justicia social y derechos humanos, y es esencial que se aborden las desigualdades existentes en el acceso a estos servicios en todo el país.
