El 29 de octubre de 2024, Valencia y su área metropolitana se vieron sumidos en una tragedia sin precedentes debido a un fenómeno meteorológico conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este evento, que trajo consigo lluvias torrenciales, dejó un saldo devastador de 229 muertes y una destrucción masiva en la infraestructura de la región. La magnitud de la lluvia fue tal que se registraron más de 180 litros por metro cuadrado en solo una hora, superando todos los récords previos en España. Sin embargo, lo que agrava aún más la situación es la falta de preparación y la descoordinación entre las administraciones, que impidieron una respuesta efectiva durante las horas críticas.
La mañana del 29 de octubre comenzó con un aviso naranja de Aemet, que rápidamente se convirtió en rojo a las 7:36 horas. A pesar de las advertencias, la mayoría de la población no estaba preparada para la magnitud del desastre que se avecinaba. La cuenca del Poyo, que había sido objeto de planes de infraestructura desde 2011, nunca recibió las obras necesarias para mitigar el impacto de tales inundaciones. Los ingenieros habían diseñado soluciones para encauzar el agua y evitar tragedias, pero estas quedaron en el olvido, lo que resultó en una catástrofe que podría haberse evitado.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) fue la encargada de monitorear los niveles de agua en los barrancos, pero el único medidor disponible no reflejaba la totalidad de la situación. A las 11:30 de la mañana, el medidor del Poyo registró un caudal de 200 metros cúbicos por segundo, lo que llevó a la CHJ a alertar a la Generalitat Valenciana. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, la situación se tornó crítica. A las 12:09, el caudal alcanzó los 264 metros cúbicos por segundo, lo que llevó a la Generalitat a declarar una alerta hidrológica. A pesar de esto, la comunicación entre las administraciones fue deficiente, y la atención se desvió hacia el río Magro, que también estaba experimentando inundaciones.
A medida que las lluvias continuaban, la situación se volvió caótica. A las 14:00 horas, comenzaron los desbordamientos en Utiel, donde las imágenes de ríos arrastrando coches comenzaron a circular. La Generalitat solicitó el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en respuesta a la creciente crisis. Sin embargo, la atención seguía centrada en el río Magro, mientras que el barranco del Poyo, que había sido el verdadero epicentro de la tragedia, no recibió la atención necesaria. Entre las 16:13 y las 18:43, no se emitieron avisos sobre el Poyo, lo que resultó en una falta de preparación para lo que estaba por venir.
La tarde del 29 de octubre fue la más devastadora. A las 18:00 horas, la lluvia alcanzó su máxima intensidad, y el barranco de Horteta, afluente del Poyo, experimentó una avalancha de agua que superó los 1.500 metros cúbicos por segundo. En ese momento, el medidor de Riba-roja registró un caudal de 2.282 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a más del doble del caudal medio del río Nilo. La tragedia se desató, y las llamadas al 112 comenzaron a inundar las líneas, pero la respuesta fue lenta y caótica. A las 20:11, se envió un mensaje de alerta a la población, pero para entonces, el daño ya estaba hecho.
La falta de infraestructura adecuada y la descoordinación entre las administraciones resultaron en un desastre que dejó a la población vulnerable y desprotegida. La mayoría de las muertes se produjeron en Paiporta, un municipio que no contaba con las obras necesarias para desviar el agua. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 17.000 millones de euros, y la reconstrucción se convirtió en una tarea monumental para las autoridades.
La respuesta de las administraciones fue criticada, y la guerra política entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana se intensificó. Mientras el PSOE acusaba al Ejecutivo de negligencia, la Generalitat defendía su gestión y culpaba a la falta de información precisa sobre el Poyo. En medio de esta crisis, cientos de miles de voluntarios se unieron para ayudar a las víctimas, convirtiendo la tragedia en un símbolo de solidaridad.
La pregunta que queda en el aire es qué hubiera pasado si las obras necesarias se hubieran llevado a cabo. Ingenieros y expertos coinciden en que muchas vidas se habrían salvado y que el impacto en los núcleos urbanos habría sido mínimo. Sin embargo, la falta de acción y la desatención de las administraciones llevaron a una tragedia que podría haberse evitado. La DANA de Valencia no solo dejó un rastro de destrucción, sino que también puso de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la infraestructura y la coordinación en la gestión de emergencias para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir en el futuro.
