Recientemente, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, lanzó una dura advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con sus reiterados incumplimientos en la lucha contra la corrupción. Durante una sesión de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) en el Parlamento Europeo, McGrath destacó que España aún no ha cumplido con las recomendaciones esenciales de Bruselas, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los puntos más críticos mencionados por McGrath fue la falta de creación de una agencia estatal especializada en la lucha contra la corrupción. Esta ausencia se ha convertido en un tema recurrente en las discusiones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Además, el comisario subrayó la necesidad de avanzar en la legislación sobre lobbies y en el fortalecimiento de los mecanismos de independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, que actualmente depende directamente del Ejecutivo.
La situación se ha vuelto aún más compleja tras la reciente orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que instó al Gobierno a investigar un posible conflicto de interés relacionado con el rescate a Air Europa, en el que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tiene vínculos empresariales. A pesar de esta orden, la Oficina de Conflictos de Intereses archivó la denuncia presentada por el Partido Popular, lo que ha suscitado críticas sobre la imparcialidad y efectividad de esta institución.
### La Respuesta de la Oposición y la Crítica Internacional
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular, acusó al Gobierno de Sánchez de encubrir irregularidades y de utilizar una «maquinaria propagandística» para desviar la atención de los problemas reales. Durante la sesión, Montserrat instó a McGrath a pasar de las advertencias a la acción, enfatizando que la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno podría tener consecuencias graves para la democracia en España.
El comisario McGrath, aunque diplomático en su tono, no ocultó su preocupación por la situación en España. Afirmó que Bruselas está utilizando todas las herramientas de vigilancia disponibles para supervisar a los Estados miembros que incumplen las normas básicas del Estado de derecho. Esta vigilancia incluye el seguimiento de los acontecimientos en España y la disposición de la Comisión para ayudar al Gobierno español en la implementación de las recomendaciones necesarias.
La situación en España ha sido objeto de atención desde julio, cuando la Comisión Europea publicó un informe que advertía sobre la «necesidad urgente» de reforzar la independencia de los organismos encargados de la lucha contra la corrupción. Este informe se hizo especialmente relevante tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, por su implicación en un caso de corrupción. La coincidencia de estos eventos ha intensificado la presión sobre el Gobierno de Sánchez para que actúe de manera más decidida en la lucha contra la corrupción.
### La Falta de Progreso en la Legislación Anticorrupción
Uno de los aspectos más críticos del plan anticorrupción del Gobierno de Sánchez es que incumple aproximadamente el 30% de lo que exige el Consejo de Europa. Esto incluye la falta de avances en la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción, que fue rechazada en el Parlamento por el PP, Vox y Junts. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la voluntad del Gobierno para abordar de manera efectiva los problemas de corrupción que afectan al país.
El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) también ha sido contundente en su crítica al Gobierno español, señalando la falta de «resultados tangibles» en las medidas anticorrupción. El GRECO ha instado a España a reformar los aforamientos y a garantizar que la Oficina de Conflictos de Intereses opere con verdadera independencia, algo que actualmente no se cumple.
La reciente cancelación de la participación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una sesión clave del Parlamento Europeo ha añadido más tensión a la situación. Su ausencia fue interpretada como una señal de desinterés por parte del Gobierno, lo que contrasta con la disposición expresada por McGrath de colaborar activamente con España en la implementación de reformas necesarias.
La acumulación de causas judiciales por corrupción que afectan al entorno del PSOE, junto con la falta de avances legislativos, ha creado un clima de creciente preocupación en Bruselas. La percepción de que el Gobierno de Sánchez no está tomando medidas efectivas para abordar estos problemas podría tener repercusiones no solo a nivel nacional, sino también en la imagen de España en el ámbito internacional.
En este contexto, es crucial que el Gobierno español tome medidas decisivas para restaurar la confianza en sus instituciones y garantizar que se cumplan las recomendaciones internacionales. La lucha contra la corrupción no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en España.
