La política española se encuentra en un momento de gran actividad, con varias iniciativas legislativas y cambios normativos que están generando un intenso debate en el Congreso. Uno de los temas más relevantes es la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, que busca regularizar a un número significativo de migrantes en el país. Este reglamento, que ha suscitado tanto apoyo como críticas, introduce cambios importantes en la forma en que se gestionan las solicitudes de residencia y trabajo para extranjeros en España.
### Cambios en el Reglamento de Extranjería
El nuevo reglamento de extranjería, que entra en vigor este martes, tiene como objetivo regularizar a aproximadamente 900,000 personas en los próximos tres años. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la reconfiguración de la figura del arraigo, que ahora se divide en cinco tipos: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Además, se reduce el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a esta figura de tres a dos años.
Otra de las novedades es la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles, lo que amplía la cobertura de la reagrupación familiar. Esta medida permite que los hijos beneficiarios de esta autorización puedan ser mayores de 21 años, extendiendo el límite hasta los 26 años. Sin embargo, la normativa también ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de ONGs y defensores de los derechos de los migrantes. Uno de los puntos más controvertidos es que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no se contabilizará para el acceso al arraigo, lo que podría llevar a muchos a caer en la irregularidad.
### Propuestas de Ley en el Congreso
Paralelamente, el Congreso de los Diputados está debatiendo varias propuestas de ley que podrían tener un impacto significativo en la política española. Entre ellas, destaca la iniciativa de Sumar y Podemos para blindar el embargo de armas a Israel. Esta propuesta busca prohibir la compraventa de material militar con el país hebreo, en respuesta a la situación de conflicto en Gaza. La presión sobre el PSOE para que apoye esta iniciativa ha aumentado, especialmente en el contexto de los recientes bombardeos en Gaza y las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
La propuesta incluye medidas para inspeccionar la carga de buques y aeronaves con destino a Israel y habilitar la incautación de material militar. Este debate se produce en un momento en que la situación en Oriente Medio es crítica, y muchos sectores de la sociedad española están exigiendo una postura más firme por parte del Gobierno.
Además, Sumar ha anunciado su intención de solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación sobre la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha causado estragos en la Comunidad Valenciana. La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha señalado que la responsabilidad de las muertes ocurridas durante este fenómeno meteorológico recae en el Gobierno de la Generalitat, pero también es necesario que todos los actores involucrados rindan cuentas.
En otro ámbito, el PSOE ha presentado una propuesta para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024. Esta iniciativa busca facilitar la obtención de una autorización de residencia y trabajo para aquellos que cumplan con ciertos requisitos, lo que podría beneficiar a un gran número de personas que se encuentran en situación irregular.
La situación política en España es dinámica y está marcada por la interacción entre diferentes fuerzas políticas, así como por la presión de la sociedad civil. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas tendrán un impacto duradero en la vida de miles de personas y en la dirección que tomará el país en el futuro cercano. La combinación de cambios normativos y propuestas legislativas refleja la complejidad de la realidad española, donde la política, la migración y los derechos humanos se entrelazan de manera inextricable.
