Recientemente, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que facilita la jubilación anticipada a los 52 años para trabajadores que desempeñan profesiones consideradas de riesgo. Esta medida, conocida como el decreto de coeficientes reductores, busca beneficiar a aquellos profesionales que, debido a las condiciones de su trabajo, enfrentan un mayor deterioro de su salud y esperanza de vida. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció esta reforma en una rueda de prensa, destacando su importancia para colectivos que históricamente han demandado esta posibilidad.
El nuevo marco regulatorio establece criterios claros para determinar qué ocupaciones pueden acogerse a esta jubilación anticipada. Los trabajadores que se encuentren en profesiones penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres podrán solicitar este beneficio, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Este enfoque se alinea con prácticas ya implementadas en otros países europeos, como Francia, Austria e Italia, donde se reconoce la necesidad de proteger a los trabajadores en condiciones laborales adversas.
### Criterios para la Jubilación Anticipada
Para poder acceder a la jubilación anticipada bajo este nuevo decreto, los trabajadores deberán cumplir con varios criterios específicos. En primer lugar, es necesario demostrar la peligrosidad o penosidad del trabajo mediante indicadores como tasas de siniestralidad, duración de bajas laborales y estadísticas de mortalidad y morbilidad asociadas al puesto. Además, se requiere que el solicitante acredite un mínimo de 15 años cotizados en la profesión considerada de alto riesgo.
Otro aspecto fundamental es la imposibilidad de reubicación. Los trabajadores deberán demostrar que no es viable trasladarlos a un puesto menos exigente físicamente. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social será la encargada de evaluar cada caso, con un plazo máximo de seis meses para emitir una decisión.
Los nuevos criterios también definen de manera más exhaustiva las actividades profesionales que pueden acceder a estos coeficientes. Por ejemplo, se consideran penosos aquellos trabajos que implican exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones, así como el uso constante de la fuerza física. La toxicidad se refiere a aquellos trabajos que implican contacto con agentes químicos o biológicos nocivos, mientras que la peligrosidad abarca actividades con un alto riesgo de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
### Profesiones Abarcadas por el Decreto
El decreto no solo se aplica a un grupo específico de trabajadores, sino que busca ampliar el acceso a la jubilación anticipada a nuevos colectivos. Entre las profesiones que podrían beneficiarse se encuentran los cuerpos de seguridad y emergencias, como bomberos, policías locales y agentes forestales. También se incluyen profesionales sanitarios, como técnicos en emergencias sanitarias y personal de enfermería en áreas de alta exposición, así como trabajadores del transporte y la logística, como camioneros y conductores de autobuses.
Además, se contempla la inclusión de trabajadores de la industria, minería y construcción, así como aquellos dedicados a la limpieza y mantenimiento, como operarios de alcantarillado y recogida de residuos. También se reconoce la labor de cuidadores y profesionales que trabajan con personas con discapacidad severa o trastornos conductuales graves.
La solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales debe ser realizada de manera conjunta por organizaciones empresariales, sindicales y, en algunos casos, por las Administraciones Públicas. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitirá un informe sobre morbilidad y mortalidad, recabando también informes del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Finalmente, estos informes serán enviados a una comisión de evaluación que, con la participación de interlocutores sociales, decidirá sobre la aplicación de los coeficientes reductores.
Este nuevo decreto representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de aquellos que se encuentran en profesiones de riesgo. Al establecer un marco claro y objetivo para la jubilación anticipada, se busca no solo mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores, sino también reconocer el valor de su labor en la sociedad. La implementación efectiva de esta medida dependerá de la colaboración entre los diferentes actores involucrados, incluyendo el Gobierno, las organizaciones sindicales y los empleadores, para garantizar que se cumplan los criterios establecidos y se protejan los derechos de los trabajadores más vulnerables.
