La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha generado un intenso debate tras sus recientes declaraciones sobre la gestión de incendios en Galicia. Durante una manifestación en Vigo, Díaz criticó la privatización de la extinción de incendios, afirmando que es «una barbaridad» dejar esta responsabilidad en manos privadas. Esta afirmación ha suscitado reacciones tanto de apoyo como de rechazo, y ha puesto de relieve la complejidad de la gestión de incendios en la comunidad autónoma.
La protesta en la que participó Díaz fue convocada por la plataforma «Por un monte galego con futuro», que ha denunciado la política forestal del Partido Popular (PP) en Galicia. Bajo el lema «La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas», los manifestantes exigieron una revisión de las estrategias de prevención y extinción de incendios. Sin embargo, los datos oficiales contradicen las afirmaciones de Díaz. Según la Xunta de Galicia, el 60% de los efectivos dedicados a la prevención y extinción de incendios son empleados públicos, lo que sugiere que la privatización no es tan extensa como se ha afirmado.
### La Realidad de la Gestión de Incendios en Galicia
La gestión de incendios en Galicia ha sido un tema candente, especialmente en los últimos años, donde los incendios forestales han devastado grandes áreas. La Xunta de Galicia ha defendido su modelo de gestión, que incluye 3.000 efectivos en el servicio de prevención y defensa contra incendios. De estos, 2.000 son trabajadores públicos con empleo durante todo el año, mientras que 1.000 son fijos discontinuos con contratos que se han ampliado en comparación con años anteriores.
En la manifestación, Díaz no solo criticó la privatización, sino que también se refirió a la situación en Castilla y León, donde el 40% de los bomberos forestales son empleados de empresas privadas. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León ha respondido que la mayoría de los efectivos son públicos, lo que complica aún más la narrativa de Díaz. En este contexto, es importante señalar que la gestión de incendios es un asunto que trasciende la política local y requiere un enfoque coordinado y efectivo para abordar la creciente amenaza de los incendios forestales.
### La Respuesta del Gobierno Gallego
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respondido a las críticas de Díaz con ironía, sugiriendo que su aparición en la protesta fue más un intento de ganar visibilidad que un compromiso genuino con la causa. Rueda ha enfatizado que la gestión de incendios en Galicia es mayoritariamente pública y ha cuestionado la falta de apoyo de Díaz en la comunidad, recordando que su partido, Sumar, no obtuvo representación en las últimas elecciones autonómicas.
La situación política en Galicia es complicada para Díaz y su partido. En las elecciones de febrero de 2024, Sumar se quedó fuera del Parlamento, obteniendo solo el 1,9% de los votos. Este resultado ha llevado a la formación a buscar nuevas estrategias para recuperar su relevancia en la comunidad. La movilización en Vigo es parte de un esfuerzo más amplio para conectar con los ciudadanos gallegos en temas sociales y ambientales, especialmente en un contexto donde los incendios forestales son una preocupación constante.
La crítica de Díaz a la privatización de la extinción de incendios también refleja una tendencia más amplia en la política española, donde la gestión de recursos públicos y la privatización son temas de debate recurrente. La percepción de que la privatización puede comprometer la eficacia de los servicios públicos es un argumento que resuena en muchos sectores de la sociedad, especialmente en áreas donde la seguridad y la protección del medio ambiente son primordiales.
En este sentido, la discusión sobre la gestión de incendios en Galicia no solo es un asunto local, sino que también refleja tensiones más amplias en la política española sobre cómo se deben gestionar los recursos públicos y qué papel deben jugar las empresas privadas en este proceso. La respuesta de la Xunta y la defensa de su modelo de gestión podrían ser vistas como un intento de reafirmar el control público sobre un servicio esencial, mientras que las críticas de Díaz podrían ser interpretadas como un intento de capitalizar el descontento social en un contexto de crisis ambiental.
A medida que la temporada de incendios avanza, la presión sobre el Gobierno gallego para demostrar la eficacia de su modelo de gestión aumentará. La capacidad de la Xunta para manejar esta crisis y responder a las críticas será crucial no solo para su legitimidad política, sino también para la seguridad de los ciudadanos gallegos y la protección de su entorno natural. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque colaborativo y bien coordinado en la gestión de incendios, que involucre tanto a las autoridades públicas como a la sociedad civil en su conjunto.
