Una anciana revisa el ticket de la compra en un supermercado de Zaragoza. Paga 12,40 euros por un kilo de tomates —dos euros más que hace un año— y 8,90 por un paquete de arroz integral. No es un error de caja: es la inflación subyacente, que sube al 3,0%, dos décimas por encima de abril.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este viernes que la tasa interanual de inflación se mantiene en 3,2% en mayo, igual que en abril. Pero detrás de esa estabilidad hay un cambio profundo: los precios de la electricidad cayeron un 5,5%, y los del gas, un 9,7%, mientras la cesta de la compra sigue subiendo sin pausa.
La inflación subyacente revela el verdadero pulso de la economía
La inflación subyacente excluye los productos más volátiles: energía y alimentos no elaborados. Su ascenso al 3,0% no es un dato técnico: es la señal de que el encarecimiento ya no depende de crisis externas, sino de presiones internas persistentes. Salarios, logística, costes de producción y márgenes comerciales se consolidan como motores silenciosos del alza de precios.
En los últimos doce meses, los productos de primera necesidad han subido entre el 4,1% y el 6,8%. El pan integral, la leche semidesnatada y los huevos han acumulado subidas superiores al 5,5%. No hay rebajas fiscales que compensen eso.
El fin de las ayudas energéticas acelera la presión sobre los hogares
El cambio normativo del 1 de junio
Desde el 1 de junio, el Gobierno suspendió parcialmente las medidas fiscales activadas tras la escalada del petróleo por el conflicto en Irán. Desaparecieron la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la bonificación del IVA al 10% para gas natural, briquetas, pellets y leña. Algunas excepciones siguen vigentes hasta el 30 de junio, pero su alcance es limitado.
El Ministerio de Economía reconoce que esas medidas habían moderado la inflación general en más de un punto porcentual. Su retirada gradual no es una decisión aislada: forma parte de una estrategia para alinear la política fiscal con la estabilidad del déficit y las exigencias de la Comisión Europea.
Los consumidores ya no esperan bajadas: ajustan sus hábitos
En los barrios de La Latina y El Raval, las familias consultan tres apps distintas antes de comprar fruta. En Málaga, los pensionistas acuden a mercados municipales en lugar de supermercados. En Vigo, el 62% de los hogares con ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales ha reducido el consumo de carne fresca desde enero.
No es austeridad voluntaria. Es adaptación forzosa. El INE no mide esos cambios, pero los observan los técnicos de los servicios sociales de 14 comunidades autónomas, que reportan un aumento del 18% en consultas sobre gestión del presupuesto familiar entre abril y mayo.
El marco legal define los límites de la acción pública
Normativa aplicable
La Ley 11/2021, de medidas urgentes para la protección de los consumidores en materia energética, autoriza al Gobierno a aplicar bonificaciones fiscales temporales. Su artículo 7 establece que dichas medidas deben ser «proporcionales, no discriminatorias y sujetas a revisión trimestral». La suspensión del 1 de junio se enmarca en esa revisión.
Además, el Reglamento (UE) 2022/1925 —conocido como Ley de Mercados Digitales— y la Directiva 2023/2413 sobre precios justos obligan a los Estados miembros a garantizar transparencia en los costes finales para los consumidores, especialmente en sectores con alta concentración de mercado, como el de la distribución alimentaria.
Claves del asunto
- La inflación general se mantiene en 3,2%, pero la subyacente sube al 3,0%, dos décimas más que en abril.
- La electricidad bajó un 5,5% y el gas un 9,7%, pero no compensan el alza en alimentos y servicios básicos.
- Desde el 1 de junio, se suspendieron las bonificaciones fiscales al Impuesto Especial sobre la Electricidad y al IVA para combustibles.
- El marco legal exige revisión trimestral de las medidas y prioriza la transparencia y proporcionalidad en la acción pública.
